Como una burla y una descarada violación a la ley calificó el director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, la forma como el Ministerio de Asuntos Penitenciarios decide sobre la asignación de cupos de los privados de libertad en las Salas de Guarda y Custodia del organismo estadal para su debido traslado a los reclusorios del país, situación que ha ocasionado una superpoblación de detenidos tras los barrotes.
Nota de prensa
En este sentido, refirió que desde el mes de febrero del año en curso, el órgano rector en materia carcelaria no ha permisado los traslados de los aprehendidos, lo que ha agudizado la permanencia de los procesados en las celdas y por ello lo que debían ser 48 horas de detención, en la mayoría de los casos, se convierten en 3 años de estadía en espacios que no fueron diseñados para ese fin.
“Aunque los jueces deciden el lugar donde el aprehendido pagará su condena, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no otorga el cupo, sino que nos exige una serie de requisitos como el computo de la pena, hasta la compra de un kit de ropa y artículos personales para los que no poseemos presupuesto. Como autoridad administrativa, desacatan la orden de la autoridad judicial y además crean ‘cuellos de botella’ que incrementan la impunidad”, destacó.
Los calabozos son espacios muy reducidos donde tienen que comer, dormir y asearse, por lo que están viviendo en condiciones infrahumanas que van generando descontentos en los recluidos y son la causa principal de que ocurran motines, riñas, fugas y huelgas de hambre. “Por estas razones ellos exigen su traslado a un penal donde puedan cumplir la condena por el delito o la falta cometida. Lo ideal es que estén en un lugar que les permita rehabilitarse para reinsertarse en la sociedad de forma productiva”, dijo.
Situación dramática
“Ahora tenemos 239 detenidos para espacios que deberían albergar solo 140. Es una situación dramática la que estamos enfrentando, porque parece que la nueva forma de cuidar a la ciudadanía es tener que sacar de las calles a los policías para que ahora cuiden a los presos” citó Guzmán.
Asimismo, destacó que paralelo a esa realidad, las familias de los aprehendidos también padecen las improvisaciones del ejecutivo nacional, pues están gastando mucho dinero para llevarles comida a sus parientes, cuando es el Estado el que debería asumir la alimentación de cada privado de libertad. Una comida, muchas veces, es compartida por tres detenidos, porque no todos tienen la forma de garantizársela a sus seres queridos.
Otro problema se presenta es a nivel de salud, debido a que algunos privados de libertad están enfermos, por ellos los riesgos de contagio con el resto del grupo aumenta. Además están aquellos que tienen alguna patología particular como convulsiones o ataques epilépticos y los funcionarios cumplen con trasladarlos para que reciban la atención médica, lo que implica que el cuerpo de seguridad estadal aumente el tiempo de resguardo y mensualmente inviertan más de 28 mil horas hombre para custodiar a los presos.
“Es momento de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios dirija su atención a la Policía del Estado Miranda y a los cuerpos de seguridad en general para reducir esta situación fatal, porque son la máxima autoridad y tienen que velar por los derechos humanos de los privados de libertad y de las repercusiones que le genera la mala administración carcelaria a nuestros habitantes”, puntualizó.