Representantes de diferentes gremios, sectores, concejales, legisladores regionales y actores políticos opuestos al Gobierno nacional, acordaron la realización de un paro cívico para el 19 de mayo, cuando se cumplirán nueve meses del cierre de la frontera colombo-venezolana, reseñó La Nación.
También acordaron otras acciones, que se realizarán en los días previos y posteriores a esa fecha, con el fin de exigir al Gobierno la reapertura del paso por los puentes internacionales Simón Bolívar, de San Antonio, y Francisco de Paula Santander, de Ureña.
Las acciones fueron definidas este jueves en la reunión efectuada en esta localidad, con participación del presidente de Asogata, Leonardo Figueroa; los presidentes de las Cámaras de Comercio de San Antonio y Ureña, Isabel Castillo e Isidoro Teres; el presidente de la Asociación de Comerciantes del estado Táchira, Pietro Ceniccola; el expresidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo; el diputado jubilado Walter Márquez, el diputado del Consejo Legislativo, Miguel Reyes; presidente y ediles del Concejo Municipal de Bolívar, comerciantes, transportistas, agentes aduaneros, habitantes y actores políticos de la zona.
Los presentes aprobaron la realización de un paro cívico en San Antonio, al cual invitarán a todos los sectores productivos y fuerzas vivas del eje fronterizo, para el día 19 de mayo, aunque en los días previos y posteriores efectuarán otras acciones, que serán definidas en agenda, entre ellas la entrega de un documento sobre la situación fronteriza al representante del Vaticano, que está previsto venga después del 20 de mayo a la entidad tachirense.
Asimismo, también plantearon la posibilidad de movilizaciones o marchas en el eje fronterizo San Antonio – Ureña, para exigir la reapertura del paso por los puentes internacionales. El diputado jubilado Walter Márquez igualmente propuso la elaboración de acuerdos por parte de los concejos municipales y Cámaras de Comercio de la zona, solicitando el restablecimiento del libre tránsito de personas y vehículos.
Igualmente, propuso introducir un amparo constitucional, ya que el paso fronterizo se mantiene cerrado, pese a que el 18 de diciembre de 2015 feneció el estado de excepción. También adelantó que a través de organizaciones defensoras de derechos humanos se introducirá medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vista de los derechos constitucionales y humanitarios que se han violado a la población con el cierre de la frontera