Las condiciones para que la olla a presión de Venezuela estalle están dadas y, sin embargo, “no pasa nada”. Quizá porque los que esperan que algo pase tienen la expectativa de un algo grandilocuente, un hecho abrupto, determinante y definitivo que cambie el destino del país de un día para otro, y se basan para ello en claves que, vistas desde fuera, habrían tumbado ya al Gobierno más sólido. Mientras, el día a día se llena de algos pequeños, dispersos, que ya forman parte de una extraña cotidianidad que recuerda al síndrome aquel de la rana. Ese donde el batracio está dentro de una olla con agua templada a la que se le sube poco a poco la temperatura. Y se va adaptando hasta que, en un punto, muere cocida. Además de la costumbre, hay otros elementos que podrían frenar un desenlace con estallido social.
El control de las calles y el uso de la fuerza
Para esta semana, la oposición ha convocado una manifestación para exigir que se siga adelante con los plazos del referendo revocatorio. No es la primera en estos días. La semana pasada hubo dos en Caracas, miércoles y sábado. En ninguno de los casos dejaron que la marcha llegara al municipio Libertador, donde están los poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, que define, regula y supervisa el proceso del revocatorio, y el Palacio de Miraflores. Desde febrero de 2014, cuando se iniciaron las protestas y tumultos que dejaron como saldo 43 muertos en todo el país, la oposición tiene vetado manifestarse en esta zona de la ciudad. En la convocatoria del pasado miércoles apenas pudieron moverse de la zona de arranque de la marcha, decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana les impidieron el paso.
También la semana pasada se lanzó por sorpresa la segunda fase de la operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que consiste en actuar militarmente en zonas en las que se presume hay bandas delictivas organizadas. En la primera fase, que se lanzó en julio de 2015, se limitaban a llegar a la zona, detener sospechosos, ‘dar de baja’ a otros -eufemismo usado por el Gobierno para reconocer la muerte de más de 200 personas, según el ministerio público fruto de enfrentamientos con las fuerzas del Estado-, incautar armas y drogas e irse del área, que quedaba declarada como “zona de paz”.
En esta segunda fase, los efectivos militares se quedan. “La intimidación es el mensaje. Se van a quedar en sitios estratégicos por algún tiempo para prevenir la manifestación del descontento social”, cuenta el abogado y criminólogo Luis Izquiel. Hace semanas, en varias zonas del estado Zulia, al noroeste del país, hubo protestas por el racionamiento eléctrico. Al día siguiente, se militarizaron esos lugares y se puso fin de modo abrupto a las quejas en grupo.
Ni la oposición orquestada, ni los ciudadanos de a pie, ni las zonas populares, de modo espontáneo, parecen tener margen de maniobra para grandes acciones de calle con tintes violentos si se diera el caso.
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