Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declararon constitucional el Decreto 2323 del presidente de la República en el que establece el estado de excepción y la emergencia económica, cometieron el delito de abuso de poder y extralimitación de funciones al violar el artículo 33 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, señala el parlamentario jubilado Walter Márquez.
Explicó Márquez que cuando la Asamblea Nacional (AN) niega el decreto presidencial sobre esta materia, no tiene ningún asunto sobre el cual decidir el TSJ de acuerdo al artículo citado, es decir, es excluyente, por lo tanto “al tomar una decisión declarando la constitucionalidad, además de un fraude a la Carta Magna, los magistrados cometen el delito de abuso de poder y extralimitación de funciones, por lo que los diputados de la AN deben denunciar formalmente a estos magistrados que han pretendido desconocer las facultades y las atribuciones legislativas y contraloras del parlamento venezolano”.
De acuerdo al análisis jurídico que realizó el legislador Walter Márquez al decreto presidencial 2323 del Estado de Excepción y Emergencia Económica, tiene varios vicios constitucionales, con respecto a la temporalidad, solamente los estados de emergencia económica se puede decretar por 60 días y prorrogable por 60 días más. “El decreto inicial fue el 11 de enero, prorrogado en marzo de este año que feneció el 10 de mayo, por lo tanto era improrrogable el decreto de emergencia económica, por lo que el presidente está abusando del poder de acuerdo al artículo 338 de la Constitución de la República”.
Por otra parte, explicó que es un decreto genérico por cuanto los artículos 337, 338 y 339 constitucionales señalan que al declararse los estados de excepción hay que restringir garantías constitucionales determinadas y reglamentar el ejercicio de los mismos, pero el presidente no menciona ni un solo artículo de las garantías que van a ser restringidas.
Igualmente indicó que el decreto tiene como finalidad auto otorgarse poderes habilitantes de manera genérica y también limitar o desconocer las facultades de la AN, con respecto al artículo 2 del decreto, numeral 4, referente a la autorización del presidente de la República para hacer erogaciones con cargo al tesoro nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la ley de presupuesto, es extremadamente grave, porque el artículo 314 de la Constitución de la República señala que no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto, y a su vez el 187, numeral 7 establece que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar los créditos adicionales al presupuesto, por lo tanto el presidente al autorizarse erogaciones o partidas no contempladas está cometiendo el delito de corrupción y debe ser investigado en ese sentido.
“También en ese mismo artículo 2, pero en el numeral 5, se señala la aprobación por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés nacional sin sometimiento a autorización o aprobación de otros poderes públicos, cuando los contratos de interés nacional de acuerdo a la Constitución en su artículo 150 y 187, numeral 9, corresponden a la AN, por lo tanto todo este abuso de poder por parte del presidente de la República debe ser investigado por parte de la propia AN y la Fiscalía General de la República”, destaca Márquez.
En su análisis indica también que en el numeral 7 del mismo artículo 2 del decreto el presidente ordena suspender las sanciones de carácter político que han sido decretadas por la AN, como es el caso concreto del ministro de alimentación, lo cual representa otra gravísima situación de desacato porque el artículo 187 constitucional, numeral 10, señala como facultad de la AN aprobar votos de censura contra los vicepresidentes o los ministros, en concordancia con el artículo 232 que establece claramente que ni siquiera en estados de excepción se exime de responsabilidad al presidente, vicepresidente y ministros; por lo tanto el presidente está cometiendo gravísimas violaciones contra la Constitución de la República.
Violación reiterada y continuada
Para el parlamentario jubilado lo más grave es que el irrespeto y violación a la Constitución lo ha venido haciendo Nicolás Maduro a lo largo de los últimos meses, porque “recordemos que el primer estado de excepción fue el 21 de agosto de 2015, con el cual decretó el cierre de la frontera, también ilegal y arbitrariamente, y así lo hemos denunciado ante la Fiscalía General de la República y ante la Corte Penal Internacional, porque a raíz de ese decreto se cometieron crímenes de lesa humanidad en la frontera, incluyendo la deportación masiva de más de 1500 colombianos y la destrucción de más de 200 viviendas”.
Boicot a visita de canciller del Vaticano
Recordó igualmente que la frontera sigue cerrada a pesar que feneció el estado de excepción el 18 de diciembre, por lo que a través de RETOS, la Red Tachirense de Organizaciones Sociales, “estamos solicitando la intervención del Papa Francisco ante los gobiernos de Venezuela y Colombia a fin de que se garantice el libre tránsito de bienes y de personas por la frontera”.
Este planteamiento –indicó- lo habíamos hecho público a raíz de la anunciada visita al Táchira de Monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para la Relación con los Estados de la Santa Sede, quien venía al país entre el 24 y el 29 de mayo, y el 27 iba a estar presente en el Táchira, y que de acuerdo a informaciones de la Diócesis de San Cristóbal, estaba planificado visitar la frontera, pero el gobierno no solamente obstaculizó, sino suspendió la visita del canciller del Vaticano, por cuanto no le conviene que el propio representante del Papa observara las largas colas, el desabastecimiento, la violación de derechos humanos y especialmente que pudiera haber analizado la grave situación de paralización económica y violación de derechos humanos en la zona de frontera colombo venezolana.
Esta situación también fue denunciada por el Cardenal peruano Juan Luis Cipriani quien se refirió al boicot del gobierno venezolano a la visita del canciller del Vaticano y por lo tanto califica al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura.
“No obstante al boicot del gobierno para que no viniera Paul Richard Gallagher, estamos haciendo las coordinaciones pertinentes para remitirle directamente al Santo Padre Francisco, a través de la Nunciatura Apostólica esa solicitud formal, con el fin de que él intervenga en la reactivación de la frontera a corto plazo y se garantice el principio de reunificación familiar que está afectando a más de dos millones de personas entre el Táchira y el Norte de Santander, y a más de 50 millones de personas indirectamente que habitan Colombia y Venezuela, la mayoría de los cuales son católicos y cristianos.
Diálogo es una farsa
Por otra parte se refirió Walter Márquez a un posible diálogo entre el gobierno y la oposición en el país, señalando que en caso de darse tendría que establecerse una metodología de trabajo, pero en primer lugar deben cesar las agresiones del gobierno hacia la oposición con insultos, porque no se puede dialogar en medio de la agresión verbal; en segundo lugar debe definirse la designación de un grupo de representantes de ambos sectores, en tercer lugar definir una agenda con puntos muy concretos, y en cuarto lugar buscar un lugar neutral, “porque no puede ser en Miraflores, ni puede ser el anfitrión Nicolás Maduro, tiene que ser un lugar neutral que puede ser la Conferencia Episcopal, la Nunciatura Apostólica con una agenda previa definida, vemos como ejemplo el caso de Colombia con la guerrilla, donde hay una agenda fuera de los espacios corrientes. Sin embargo, yo no creo en la sinceridad del gobierno para dialogar, porque en las dos únicas oportunidades que lo ha hecho con motivo de los sucesos de abril de 2002 y las protestas populares de 2014 con los sectores de oposición del país lo que ha hecho es ganar tiempo, y luego hacer lo contrario a las sugerencias y observaciones que se han analizado. Es necesario un diálogo sincero para superar la crisis pero no para engañar al pueblo”.
Prensa Oficina Walter Márquez