“Toda arbitrariedad con el fin de alcanzar los objetivos supremos de la revolución es deber ineludible del buen revolucionario”, dijo en enero Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de Venezuela. A confesión de parte, relevo de prueba.
Por Rafael Nieto Loaiza / Fundación para el análisis y los estudios sociales
La declaración de Istúriz no es sino la descarada manifestación del credo marxista de la combinación de las formas de lucha. Y refleja con exactitud el accionar del chavismo. Desde que la oposición ganó de manera abrumadora las parlamentarias del 6 de diciembre pasado, el régimen del “socialismo del siglo XXI” se ha despojado de casi cualquier apariencia de legalidad para atornillarse en el poder.
Digo casi porque aún se refugia en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, conformado por el Ejecutivo con chavistas recalcitrantes, ilegalmente y a las carreras, apenas se conocieron los resultados electorales. El Tribunal empezó por escamotearle un par de escaños a la oposición, que había ganado las dos terceras partes de la Asamblea. Así garantizó que no contara con la mayoría calificada necesaria para remover y nombrar a los magistrados del Tribunal y a los del Consejo Nacional Electoral, también bajo control gubernamental. Desde entonces los dos órganos han actuado de manera sistemática para hacer inocuas tanto la mayoría parlamentaria en la Asamblea como las acciones dirigidas a la celebración de un referendo revocatorio contra Maduro.
Mientras tanto, el país está arruinado, la inflación es la más alta del mundo y escasean desde la leche y los pañales hasta las medicinas más simples. Coca Cola acaba de anunciar que cesará su producción porque no cuenta con el azúcar que requiere la bebida. Lo único que abunda en Venezuela es la inseguridad: la cifra de homicidios es mayor que la de países con conflictos armados.
Ante la crisis, Maduro decretó el estado de excepción que la Asamblea rechazó. Como era previsible, el Tribunal Supremo lo avaló. Las medidas extraordinarias usurpan las competencias del Parlamento y dan al Presidente el poder propio de una dictadura. Con la bendición de su Tribunal, el Ejecutivo ejerce el poder de manera discrecional, arbitraria y sin control.
Al mismo tiempo, Maduro anunció que la desaparición de la Asamblea “es cuestión de tiempo”, se preguntó si “esta Asamblea llegará hasta octubre” y ordenó a los consejos comunales y a unos recién creados “comités de abastecimiento” “mantener el orden público y garantizar la seguridad y la soberanía del país”.
Mientras que las movilizaciones populares y la oposición son reprimidas, la izquierda radical en América y Europa la acusan de golpista. UNASUR y su cabeza, el expresidente Ernesto Samper, a quien se le probó la financiación de su campaña por el narcotráfico, proponen, otra vez, un “diálogo nacional”. Lo mismo ofrecieron con ocasión de las últimas elecciones presidenciales, crispadas por la acusación de fraude a favor de Maduro. Entonces los presidentes de la región lo respaldaron. Samper dio un espaldarazo al jefe de Estado en Caracas y distrajo a la oposición con la idea de una auditoría de las mesas y las máquinas de votación que, por supuesto, nunca se realizó. Pero la visita sí fue muy útil para el Gobierno: la oposición se dividió y las protestas en la calle cesaron. Samper, que debe su puesto a los Gobiernos del “socialismo del siglo XXI”, intenta ahora la misma estratagema. Rodríguez Zapatero, por simpatía o por candidez, se suma.
Pero algo ha cambiado en la región en estos tres años. Se acabó la chequera del petróleo, ya no está la Kirchner, Dilma ha sido suspendida y el nuevo canciller brasilero ha anunciado “una posición más enfática en materia de derechos humanos”. Quizás Brasil respalde la imposición de sanciones a Venezuela con base en la Carta Democrática, escondida bajo la alfombra durante la nefasta gestión de Insulza como secretario general de la OEA. De otra estirpe, Almagro, el nuevo secretario, no ha temido llamar “dictadorzuelo” a Maduro.
Para la aplicación de la Carta se necesitan 18 votos en el Consejo Permanente de la OEA. Y a estas alturas y a pesar de la colosal protuberancia de los hechos, ni siquiera se ha citado al Consejo. Quizás los presidentes de la región esperan los muertos que más temprano que tarde llegarán en Venezuela. Mientras tanto su silencio los hace cómplices.
Rafael Nieto Loaiza, analista político y abogado. Exviceministro de Justicia de Colombia