Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso sin condena, conocido como extinción de dominio, y la cooperación jurídica internacional, ésta última de carácter fundamental, porque muchos de los capitales sustraídos ilícitamente han sido colocados en instituciones financieras de otros países, reseñó el portal cuentasclarasdigital.org.
Así lo expuso el abogado Héctor Fuentes, asesor del proyecto de Ley que trabaja la Comisión Permanente de Contraloría, conjuntamente con la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la participación de especialistas en la materia, el aporte de instituciones académicas nacionales e internacionales y organizaciones sociales.
Su disertación se produjo en el marco de la jornada de reflexión “Cómo luchar contra la corrupción y lograr que el Estado Venezolano recupere los bienes producto de la corrupción”, organizada por las citadas instancias parlamentarias y la colaboración del equipo de la Web cuentasclarasdigital.org.
Destacó Héctor Fuentes que el proyecto de ley está documentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención Interamericana contra la Corrupción. En este sentido, puntualizó la importancia de alcanzar la recuperación de los bienes que la corrupción le ha quitado a Venezuela. “La corrupción socava la democracia, genera pérdida de confianza en la instituciones, promueve la violación de los derechos humanos y representa un obstáculo, muchas veces insalvable, para superar los altos índices de pobreza en muchos de nuestros países”.
Precisó que la Constitución garantiza la honestidad, la transparencia y la responsabilidad como principio del Estado y de la Administración Pública. Además advirtió que el artículo 271 de la Constitución nacional garantiza la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos y el patrimonio público. Entre los lineamientos internacionales subrayó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promueve la recuperación de bienes producto de la corrupción.