Necesitamos un gobierno que garantice en su totalidad la protección física y moral de cada venezolano con los valores de libertad, igualdad, prosperidad y seguridad, cuyos límites sólo puedan determinarse por la ley. La seguridad jurídica de estos valores existe en la garantía y la protección que se le dé a la sociedad y a cada uno de sus miembros sobre la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades.
El actual régimen en Venezuela se desmorona y desvanecen sus promesas sociales, a pesar de haber recibido desde el año 1999 los mayores ingresos petroleros de toda la historia republicana. Además, se evidencia el talante autoritario del actual presidente de la República y el clima de confrontación que ha promovido una desgarradora crisis en la sociedad venezolana.
La situación política que impera en Venezuela, en los dieciocho largos años del régimen del ex presidente Hugo Chávez con la continuación del presidente Nicolás Maduro, es de una dictadura; no si bien Maduro fuera electo con el escaso diferencial del voto popular, no existe la menor duda para la gran mayoría de los venezolanos que con su conducta arbitraria, violatoria y caprichosa como Jefe de Estado, se ha deslegitimado en el desempeño de sus funciones.
Venezuela sufre un acelerado proceso de deterioro democrático en que se viene consolidando un régimen de corte dictatorial, llamándose socialista y de nociva militarización del poder. Dicho deterioro lo observamos en el incumplimiento de los Derechos Humanos de corte político:
– Al inhabilitar políticamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) a cientos de ciudadanos venezolanos de participar como candidatos en cada elección, sin sentencia firme como establece la Constitución de Venezuela, constituye una clara violación a las leyes. La medida para sacar de la contienda electoral a candidatos opositores destacados con altas probabilidades de triunfo cuenta con la complicidad de casi todos los poderes del Estado venezolano y el respaldo, como lo fue bajo el gobierno de Chávez, del actual presidente Maduro. Con las inhabilitaciones se viola también el derecho de los ciudadanos a elegir los candidatos de su preferencia. El pasado 6 de diciembre el pueblo rechazó la medida y votó en contra de los candidatos del régimen en los estados más emblemáticos donde se pretendió ganar sacando del juego a la oposición, pero el pueblo que se opone a la injustica, está decidido a recuperar la democracia.
-En la violación del principio de la separación de los poderes públicos. Es un principio fundamental para la subsistencia del Estado Liberal de Derecho. La idea de dividir en tres ramas el poder: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, a los cuales la Constitución venezolana agrega el poder Ciudadano y Electoral (artículo 136), obedece al deseo de no permitir que se acumule demasiado poder en una(s) sola(s) mano(s).
-Al aprobar el Tribunal Supremo el Decreto de Emergencia negado por la Asamblea Nacional sitúa a Venezuela en una dictadura. Venezuela experimenta un autogolpe al despojar a la Asamblea Nacional de sus competencias y atribuciones que es una violación flagrante al sistema democrático. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia al aprobar el Decreto de Emergencia es nula conforme al artículo 25 de la Constitución, porque viola derechos consagrados en la Carta Magna, al quebrantar los artículos 112 y 115 referidos a la libertad económica y el derecho de propiedad, que llevado a términos generales es en conclusión una evidente transgresión a los Derechos Humanos.
Contra el absolutismo, contra el autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro es necesario para la independencia de poderes en Venezuela, decretar la Carta Democrática Interamericana, de tal modo que se logre un delicado equilibrio de poderes en Venezuela. Si no hay división de poderes efectivo, no se puede hablar realmente de democracia. Los ciudadanos venezolanos están expuestos a la arbitrariedad de un régimen demasiado poderoso y por ello no se garantizan los derechos humanos de cada quien.
El régimen de Maduro, amparado en leyes habilitantes otorgadas por la anterior Asamblea Nacional y respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia, dictó y dicta mediante Decretos, Leyes sobre materia laboral, normas de procedimiento procesal penal y otras por el estilo, que son competencia exclusiva hoy de la actual Asamblea Nacional, de acuerdo a la reserva legal consagrada en la Constitución venezolana. La función de legislar, que corresponde a la Asamblea Nacional, ha sido usurpada tanto por el Poder Ejecutivo como por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en muchas oportunidades.
Las actuaciones del Ejecutivo de la República de Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Legislativo anterior en los casos citados, han configurado una distorsión de lo que debe ser un Estado de Derecho. El famoso sistema de contrapesos entre poderes, reducido al control constitucional, se ha mostrado con frecuencia ineficaz en Latinoamérica. Hace falta un control social, que no puede darse si no hay una adecuada formación política de la población.
Lo observamos cuando niega el derecho a revocar como solución a la conflictividad política. El régimen instaurado por Chávez y continuado por Nicolás Maduro Moro ha incumplido con el marco jurídico a la Constitución de Venezuela y a la ley suprema fundamental que es la voluntad popular de exigir que exista el derecho de sufragio para activar el referéndum revocatorio, de manera que se puedan realizar los cambios de gobernantes, comenzando por la presidencia de la República. Actualmente en el país más importante del Caribe, no existe la alternancia en el poder, tampoco hay el libre acceso a una observación internacional objetiva, las leyes son quebrantadas constantemente por el ejecutivo nacional y sus funcionarios.
Urge para los venezolanos rescatar el control y el balance del poder judicial autónomo que garantice la igualdad ante la ley, el debido proceso y los derechos de todos y cada uno de los habitantes en el Estado venezolano.
El ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y el respeto a los derechos humanos básicos, civiles y políticos, en particular el derecho a la participación política, la libertad de expresión y la no discriminación en función de sexo, raza, credo o pensamiento son la real democracia que queremos y lucharemos para alcanzarla e instaurarla siempre y siempre.
¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?
Su adopción en la OEA, se remonta a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General llevada a cabo el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, donde fue aprobada por los 34 Estados Miembros de la OEA. (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.)
La Carta Democrática Interamericana consiste en la afirmación de que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de América y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
Es el instrumento más importante dentro del ámbito jurídico del continente Americano con el objeto de atender a la democracia. Su carácter es político y moral, la supremacía alcanzada en razón del bien jurídico tutelado. La unanimidad con que fue aprobada determina el preciso valor que tiene esta Carta y su aporte al Sistema Americano en el siglo XXI que consagra el principio de la Democracia Representativa como la mejor forma de gobierno.
La Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 3, cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa que son: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
El régimen de Nicolás Maduro ha devenido en una dictadura, en un despotismo, en una tiranía que quebranta el respeto de la facultad que tienen los ciudadanos de cambiar libremente sus formas de gobierno, negándose por todos los medios a que se haga un referéndum revocatorio a su mandato presidencial.
En Venezuela no hay libertad individual y de justicia social fundado en el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana. El uso sistemático de la violencia política es contrario al orden democrático americano.
El actual régimen en Venezuela ataca constantemente la libertad de prensa, de la radio y la televisión, y en general la libertad de información y expresión que son condiciones esenciales para la existencia de un sistema democrático.
La Democracia es desarrollar y consolidar su estructura económica, y con el fin de conseguir justas y humanas condiciones de vida para todos sus habitantes, respetando las empresas privadas y dando un equilibrio con las empresas del Estado.
Debe ser repudiado la baja calidad de educación, el incremento de la pobreza, la violación de los derechos humanos sistemáticamente, la usurpación de poderes públicos, el quiebre de la economía y la inseguridad causado por el peor régimen que haya pasado por Miraflores desde la fundación de Venezuela.
La Carta Democrática es consecuencia de un proceso regional que lleva a la convicción que el progreso económico y la democracia están estrechamente vinculados el uno con el otro. Existe un nuevo consenso respecto a la forma de cómo se debe gobernar: democracia, mercados abiertos, derechos humanos, y programas de protección social.
También incluye en el ejercicio democrático el respeto de los derechos humanos, el rechazo a toda forma de discriminación, la plena vigencia del estado de derecho, la libertad de expresión, el pluralismo político, la probidad y la transparencia en la acción pública. En el artículo 4 de la Carta señala los componentes fundamentales de la Democracia que son transparencia, probidad, responsabilidad gubernamental en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
En Venezuela de manera interna, se ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de invocar la Carta Democrática Interamericana, sobre todo, ante los casos en que se ha acusado de violentar la libertad de expresión.
¿Por qué decretar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela?
En respuesta a los atropellos arriba mencionados a la democracia que ocurren actualmente en Venezuela, en donde paradójicamente son los propios gobiernos elegidos democráticamente los que atentan contra las instituciones democráticas y contra los derechos humanos, debe invocarse y aplicarse la Carta Democrática Interamericana.
1.- En Venezuela exista una violación sistemáticamente a la integridad de las instituciones públicas y de los controles constitucionales internos de la separación de los poderes.
2.- La negación por parte del régimen nacional de no celebrar las elecciones del Referéndum Revocatorio en el año 2016 como lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela en el artículo 72.
3.- Violación sistemática de libertades fundamentales.
4.- Interferencia arbitraria en los otros poderes del Estado.
5.- Utilización de cargos públicos para manipular y presionar a la oposición venezolana, a las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y a la prensa.
6.- Falta de medidas concretas en la disminución de la pobreza y desigualdad. La democracia no podrá ser cimentada sino sobre la base firme del desarrollo económico y social.
7.- Desnutrición de la población venezolana por falta de disponibilidad de los alimentos de la sesta básica.
8.- En justicia a las vidas de los niños muertos en los hospitales del régimen dictatorial de Nicolás Maduro por no tener medicinas y alimentos.
9.- Actualmente hay un número significativo de 120 personas que sufren la condición de presos políticos en las diferentes cárceles de Venezuela, al tanto que en solamente dos años de gobierno de Nicolás Maduro, se han registrado más de tres mil venezolanos como presos políticos, quienes se encuentran con medidas cautelares por pensar distinto y defender la democracia. Como protesta contra lo dicho, se han realizado numerosas huelgas de hambre ante la sede de la OEA en Caracas, pidiendo la liberación y el cese de torturas de los presos políticos, incluidos diputados electos a la Asamblea Nacional.
La Carta Democrática Interamericana señala que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos puede adoptar las decisiones que estime apropiadas para restablecer el orden democrático, obligar a los detentadores ilegítimos del poder que devuelvan el mismo.
La postura de la ONG Líderes Libres es manifestar nuestro acuerdo con la solicitud realizada por la Asamblea Nacional de Venezuela y el pronunciamiento del Secretario General de la OEA, señor Luis Almagro, el pasado martes 31 de mayo de 2016 entorno a la invocación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, a consecuencia de haber roto el actual gobierno de la República Bolivariana de Venezuela los hilos constitucionales del modelo democrático instituido para ella.
La ONG Líderes Libres tiene el compromiso con los Derechos Humanos que busca la aprobación de la Carta Democrática Interamericana a través de una resolución por parte del Consejo Permanente de la OEA para lograr una verdadera defensa colectiva regional de la democracia en Venezuela, ya que dicha carta democrática tendría verdadera eficacia, si condena el comportamiento antidemocrático del presidente Nicolás Maduro y su régimen.
Angel Prato /@angelprato
Presidente ONG Líderes Libres
DDHH-Democracia
