Tamara Vivas es una maestra, residente de la barriada popular Catia, ubicada en el oeste de Caracas. En su apartamento del sector Simón Bolívar viven cuatro familias, incluida su madre de 84 años que está discapacitada. Desde que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro creó los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), Tamara espera ser registrada en un censo para recibir las bolsas de comida que distribuyen estas nuevas instancias creadas por la revolución bolivariana para combatir la escasez que golpea el estómago de los venezolanos. Sin embargo, pasan los días y nadie toca a su puerta.
“No nos censaron porque saben que milito en la oposición”, denunció Tamara este martes 14 de junio ante la comisión que instaló la Asamblea Nacional para investigar las supuestas prácticas discriminatorias en las que estarían incurriendo los CLAP. “Marcan las casas por razones políticas y excluyen a los opositores”, señaló a los legisladores, a los que presentó una lista de 43 familias que también estarían siendo marginadas por razones políticas.
La diputada opositora Mariela Magallanes, que preside la comisión parlamentaria, señala que la última medida aplicada por el Ejecutivo nacional para enfrentar el desabastecimiento representa una violación a los Derechos Humanos, que deja en evidencia el fracaso del llamado socialismo del siglo XXI y la “falta de soberanía alimentaria”.
Los CLAP están conformados por miembros de la Unión Nacional de Mujeres (Unamujer), las unidades de batalla Bolívar-Chávez (UBCH, células del Partido Socialista Unido de Venezuela), el Frente Francisco de Miranda y los consejos comunales. Todas estas organizaciones de base forman parte de la maquinaria electoral del chavismo. “Manejan dinero público y reparten bolsas de comida como estrategia de proselitismo político”, advierte Magallanes.
Leña al fuego
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que en mayo se registraron 52 saqueos en todo el país. En ese mismo periodo, el OVSC apuntó que se realizaron 641 protestas, lo que equivale a 21 por día. “La conflictividad social aumenta porque el pueblo tiene hambre”, asegura la diputada opositora Gaby Arellano.
Arellano indica que los CLAP no tienen la capacidad de responder a la demanda de alimentos. “A un pueblo del estado Mérida (andes venezolanos) donde residen 5.000 familias, apenas llevaron 700 bolsas de comida”, destaca.