La Asamblea Nacional da 10 días a Iglesias y Errejón para que respondan sobre la presunta financiación ilegal del partido con dinero venezolano, publica El Mundo de España
MARISA RECUERO/ROCÍO GALVÁN/Madrid
El Parlamento de Venezuela da un paso al frente en la investigación de Podemos ycita a declarar a la cúpula del partido dentro de 14 días, en Caracas, por la presunta financiación ilegal de la formación política a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales, conocido por sus siglas CEPS, con dinero procedente del Gobierno de Hugo Chávez. En concreto, 7,16 millones de euros. [Lea la citación de Íñigo Errejón en PDF. Lea la citación de Pablo Iglesias en PDF].
Es más, solicita la “cooperación” y “colaboración internacional” de la Policía española, el Ministerio de Hacienda y el Registro Mercantil para conseguir documentos sobre la citada fundación.
Así consta en la documentación a la que tuvo acceso este diario, firmada por laComisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela. El Parlamento envió notificaciones al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al secretario de Política del partido, Íñigo Errejón, así como al que fuera número tres de la formación y uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, y al responsable del partido en la Comunidad de Madrid,Luis Alegre. Entre los citados se encuentran también Jorge Verstrynge y el venezolano Rafael Isea, ex ministro de Finanzas chavista y la persona que autorizó las transferencias de dinero a la fundación de Podemos.
La cita es el próximo 6 de julio, a las 11 horas con el objetivo de “esclarecer los hechos y las presunciones que obran en contra del Gobierno venezolano y en las cuales se ve inmiscuido el Patrimonio Público de la Nación, producto del presunto financiamiento de la cantidad de 7,16 millones de euros realizado por el mismo al partido Podemos , mediante el pago a la fundación”, según consta en las notificaciones remitidas a los miembros de Podemos.
No obstante, la Asamblea dio un plazo de 10 días para que las personas citadas presenten las alegaciones oportunas, disponiendo de otros 10 para que aporten las pruebas pertinentes para su defensa.
La Comisión de Contraloría justificó esta decisión “en virtud de las facultades de control, vigilancia e investigación que corresponden ser ejercidas por este organismo”. En este sentido, solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal española, conocida por sus siglas Udef, “toda información que haya sido recabada en relación al caso”. Es más, les requirió “en particular” el acta de declaración de Rafael Isea, en calidad de testigo, dando los detalles de la presunta financiación irregular.
El Parlamento venezolano recurrió también al Ministerio de Hacienda español, al que solicitó las correspondientes declaraciones de impuestos realizadas por CEPS entre los años 2002 y 2016, así como al Registro Mercantil de España.
“Hemos pedido ayuda a la Udef sobre la supuesta financiación a Podemos dentro de la investigación que estamos llevando a cabo en Venezuela. Solicitamos información a España dentro del marco de colaboración entre ambos estados”, precisó a este diario el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.
“Hemos pedido al Registro Mercantil los estatutos de la fundación CESP y detalles de su funcionamiento”, detalló Guevara, puntualizando también la petición de información hecha a Hacienda sobre los impuestos que han declarado y si entre 2002 y 2016 hubo algún pago de dinero procedente de Venezuela.