En la fase I del referéndum revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática detectó -y sorteó- 17 obstáculos y ahora en la etapa II denuncian otros tres: que la recolección de 20% de las firmas sea por estado y no nacional; que en lugar de tres días para la jornada se destine uno solo; y que no se abran los 14.000 centros de votación y 40.000 mesas, alertaron Un Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista de Venezuela. Sin embargo, todas esas amenazas podrían ser menores si el Tribunal Supremo de Justicia sentencia antes que deja sin efecto los trámites iniciados ante el Poder Electoral y ordena a la alianza opositora comenzar “desde cero”, publica El Nacional.
HERNÁN LUGO-GALICIA
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La espada del TSJ sobre el referéndum fue asomada por el diputado del PSUV, Jesús Montilla (ver la edición del jueves 30 de junio en El Nacional) y advertida ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. “La Sala Constitucional tiene una sentencia que ordena otra vez la recolección de firmas”, dijo Ramos Allup en el Colegio de Abogados, donde reveló que el gobierno pretende retirarse de la Organización de Estados Americanos ante la activación de la Carta Democrática Interamericana.
Capriles condenó en Twitter cualquier acto del máximo tribunal. “Esa sentencia del TSJ sería contra el pueblo venezolano. Ojalá se quede solo en rumor; sería temerario”.
El diputado del Movimiento Progresista, José Luis Pirela, se sumó a la crítica: “Cualquier decisión del TSJ atenta contra el Estado de Derecho, es una burla al pueblo y generaría caos”. Por ello instó a los poderes a evitar la alteración del orden. “Si la Sala Constitucional suspende el revocatorio es porque el gobierno juega al caos y a la violencia. 80% quiere que (Nicolás) Maduro salga del poder, así que protestarían en las calles, algo que busca el gobierno para infiltrar las manifestaciones, causar desórdenes y evitar el revocatorio y las elecciones regionales”, alertó.
Rechazan cambios de reglas. El Parlamento se percató de las nuevas trabas y por ello, el jueves 30 de junio, aprobó un acuerdo en rechazo a la violación de los derechos políticos por parte del Consejo Nacional Electoral en la convocatoria del referéndum, y exigió el cese del “hostigamiento institucional”.
El diputado de UNT, Stalin González, cuestionó que el CNE pueda acoger la idea del PSUV para que la MUD recoja 20% de las firmas en los 23 estados y el Distrito Capital: “La Constitución exige 20% en todo el país porque la elección presidencial es un solo circuito, es decir, todo el territorio, a diferencia de las regionales o parlamentarias que son varios circuitos. El planteamiento del PSUV es inconstitucional”.
La oposición requiere 3.894.147 apoyos que podrían lograrse en entidades más grandes o donde la oposición tiene más adeptos, como Caracas, Miranda y Zulia, donde el Registro Electoral es de 1.634.316, 2.039.915 y 2.399.066 sufragantes, respectivamente.
Si se aplica la idea del PSUV, tendría que alcanzarse 20% en entidades pequeñas, como Delta Amacuro, Amazonas o Apure porque, de lo contrario, no se activa el revocatorio. El CNE aplicó esa disposición en la validación de 1% de las firmas, lo que forzó a la MUD en esos tres estados y, en especial, en Nueva Esparta, para obtener la meta, debido a la operación morrocoy.
“Cualquier intento de distribuir dicho porcentaje proporcionalmente según entidades federales es arbitrario, sesgado, contrario y violatorio de la Constitución”, señalaron el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Ciudadanía Activa, Control Ciudadano, la Comisión de Derechos Humanos del Zulia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Compromiso Ciudadano y Comunidanas.
En un comunicado exigieron al Poder Electoral garantizar el derecho a la participación política en la fase II del referéndum. Demandan que se habiliten todos los centros y mesas de votación, incluyendo embajadas y oficinas consulares: “En la recolección del 20% tienen derecho de participar todos los inscritos en el Registro Electoral, así que se requiere de un proceso eficiente y con rapidez”.
Los grupos emplazan al CNE a publicar la convocatoria y el cronograma de las elecciones regionales, que deben hacerse antes del 16 de diciembre de 2016, cuando vencen los mandatos de gobernadores y consejos legislativos electos el 16 de diciembre de 2012.