La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayo pasado para responder a un juicio político, no comparecerá ante la comisión del Senado que está a cargo del proceso, confirmaron este martes a EFE fuentes de su entorno.
EFE
Rousseff había sido citada para este miércoles por esa comisión, pero ha optado por ejercer su derecho a no comparecer y ser representada por su abogado, José Eduardo Cardozo, quien fue ministro de Justicia durante su gestión.
Según dijeron a Efe fuentes próximas a Rousseff, la decisión de que no asista a la sesión de esa comisión del Senado fue tomada por el propio Cardozo, quien consideró que “no ayudaría en su defensa”.
La razón radica en que los partidarios de la mandataria están en clara desventaja en esa comisión, formada por 21 senadores de los cuales solamente cinco se oponen claramente a la destitución.
Esa tesis ya había sido defendida este lunes por el senador Lindbergh Farias, quien representa en la comisión al Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff.
“Esta comisión tiene las cartas marcadas, por lo que no debería presentarse ante ese grupo de senadores que defiende el ‘golpe'”, declaró Farías, quien insistió en que la posible destitución de la mandataria supondría una “ruptura” del orden constitucional.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el juicio político, y desde entonces ha sido sustituida por su antiguo vicepresidente, Michel Temer, con quien está abiertamente enemistada desde hace más de seis meses.
La mandataria está acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y de haber contratado créditos para el Gobierno con la banca estatal, todo lo cual está prohibido por las leyes que rigen el uso del dinero público.
Esas irregularidades han sido constatadas por el Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado, y confirmadas parcialmente en un análisis realizado por expertos del Senado a petición de la propia defensa de Rousseff.
Los análisis de los funcionarios del Senado fueron discutidos hoy por la comisión responsable del juicio político, que se sumergió en un agrio debate entre los defensores de Rousseff y los partidarios de su destitución.
En la sesión prevista para mañana, José Eduardo Cardozo, en su condición de abogado defensor, podrá leer una declaración en favor de la mandataria, pero le será impedido responder a preguntas, pues según las normas del proceso penal que rigen el juicio, en esa fase del trámite sólo podría hacerlo la propia acusada.
Con esa sesión, la comisión pondrá fin a la fase de producción de pruebas y abrirá el plazo para los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso, para la elaboración de un informe final.
En las fases previas han sido escuchados 39 testigos presentados por la defensa, dos de la acusación y cuatro propuestos por la propia comisión.
El informe de Anastasia deberá ser presentado el próximo 2 de agosto a la comisión, que lo debatirá durante dos días y lo remitirá luego al pleno del Senado, donde está previsto que sea votado el día 9 de ese mismo mes.
Si en esa instancia fuera aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, volverá a convocar al pleno del Senado para una última sesión, en la que Rousseff sería destituida si lo respaldase una mayoría calificada de 54 senadores (dos tercios).
De llegarse a ese extremo, Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder una vez que se publique la sentencia.