Este martes la Asamblea Nacional discutió y aprobó un acuerdo que respalda a las víctimas de la violación de Derechos Humanos y el abuso de poder durante los Operativos de Protección y Liberación del Pueblo (OLP) y rechaza la inefectividad de esta medida en el combate de la criminalidad el país.
El debate fue abierto por la diputada, Delsa Solórzano quien recordó que este miércoles se cumple un año de la ejecución de esta medida como una esperanza del venezolano para la solución a la inseguridad. Sin embargo, esa no ha sido la respuesta.
“En el primer semestre del año 2016 se han ejecutado 4.696 homicidios en todo el país lo cual representa un incremento del 7% en comparación al mismo período del año pasado… Las muertes violentas en Caracas alcanzaron una cifra de 2.826 lo que representa un incremento del 6% en las muertes violentas”, dijo alegando que se trata de cifras oficiales dadas por la misma Fiscal General de la República.
Señaló que la inseguridad es cada vez peor en el país. “Las OLP no han sido más que instrumentos para criminalizar la pobreza”, continuó recordando a algunos inocentes caídos en zonas como la Cota 905 en Caracas que, además de los delincuentes abatidos, son calificados como “errores policiales”.
Puntualizó además que bajo este tipo de irregularidades al menos 20 muertes extrajudiciales se han ejecutado bajo estos operativos del Gobierno.
Para dar basamento a su exposición, Solórzano invitó a tres familiares de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante los operativos de la OLP al podio de la Asamblea.
Una de ellas fue Emily León quien denunció que el 24 pasado de julio de 2015 efectivos de la GNB tomaron la zona donde vivían y los desalojaron de sus casas aludiendo que estaban bajo un operativo de la OLP apoderándose de sus enseres. “Hoy le decimos al Presidente que la OLP solo es una máquina de violación de derechos humanos… El 24 de julio cumplimos un año en la calle donde todas las personas duermen en estacionamientos”, dijo.
Por otra parte, Olga Mesa denunció el asesinato de su hijo, deportista el pasado 17 agosto de 2015 cuando funcionarios irrumpieron en su vivienda en Nueva Esparta a las 2:30 am. “Véanme bien el rostro porque soy una madre dolida, que no tiene miedo de decir nombre y apellido”, dijo pidiendo justicia para su caso.
También Brigitte Duarte entre lágrimas, pidió por que no se criminalice a las personas que residen en sectores populares. “Ya no sabemos en quién confiar si en el hampa o en un mal llamado PNB o en la GN… No crean que todos los que viven en un sector popular son delincuentes, muchos de los que están allí sentados vienen de sectores populares”, indicó.
Tras ello, la parlamentaria por la minoría oficialista, Nora Delgado (GPP) calificó de “mal intencionado” el derecho de palabra de las víctimas considerando como “políticamente incorrecto” su asistencia al hemiciclo para exponer sus vivencias.
Entretanto el diputado, Juan Pablo Guanipa pidió al Ejecutivo Nacional “detener las OLP” en el país. “No tiene sentido que después de que matan ofrezcan correctivos”.
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