Miles de pensionados y jubilados en países de América Latina, España y en otras naciones, que dependen de una pensión del Estado venezolano, se han visto obligados a encontrar otras maneras de sobrevivir luego de que se paralizaron sus pagos el año pasado, reseñó Reuters.
Unas 1.000 personas en Chile no reciben el dinero, según representantes de los pensionados. Muchos de ellos son antiguos exiliados que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet a Venezuela, país que en ese momento era un refugio seguro y en auge.
Dependiendo del tipo de pensión, algunos no han recibido ningún pago en 2016, mientras que otros han estado esperando más de un año, dijo Sonia Laborde, jubilada de 73 años, que desde Santiago ayuda a coordinar una respuesta entre todos aquellos, incluyéndose, que ven como su dinero se esfuma.
“La gente está muy dependiente de esa pensión y esa jubilación (…) la mayoría son gente sin profesión, gente que ya no trabaja, gente enferma, que depende de ese dinero para comer, para pagar su vida diaria”, dijo a Reuters.
La caída en los precios del petróleo, principal producto de exportación de Venezuela, y el colapso de la economía socialista han dejado al país con una inflación de tres dígitos y una crónica escasez de productos.
Mientras en casa los venezolanos pasan horas en filas para comprar productos básicos, los problemas se extienden hasta unos 12.000 pensionados que viven en España, Colombia, Chile, Argentina, México y Estados Unidos.
Algunos son venezolanos y otros extranjeros que trabajaron por décadas en el país, según las organizaciones de jubilados.
Partidarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro dicen que los beneficios para los pensionados mejoraron durante la administración del líder socialista Hugo Chávez, quien canalizó las ganancias petroleras hacia programas sociales.
Muchos emigrantes recibieron sus pensiones a una tasa favorable como resultado de los controles de cambio. Sin embargo, con la caída de los precios del crudo, Venezuela ha limitado los pagos en dinero en efectivo para todos, desde corporaciones multinacionales a viajeros y jubilados.
Sin respuesta
Un poco menos de la mitad de los afectados está en España o en Islas Canarias, dijo Miguel Megías, un español de 80 años que trabajó en Venezuela por cinco décadas como profesor de ingeniería y ahora enseña inglés en Granada para llegar a fin de mes.
También dirige un blog para compartir información con los afectados en todo el mundo.
“Hasta 2014 no hubo ningún problema, en general funcionó muy bien. A partir de 2014 la situación cambió radicalmente”, explicó vía telefónica. “Tenemos un año sin cobrar muchos de nosotros. Para personas mayores que dependen en estos ingresos (…) esta situación es extremadamente grave”.
“Cada uno tiene que buscar la forma de sobrevivir. En algunos casos tienen familiares que los ayudan, en otros casos han tenido que ir a la Cruz Roja y otras organizaciones como Caritas para poder tener algo de comida”, agregó.
Megías y Laborde dijeron que no han recibido ninguna respuesta por parte de Caracas, pese a las repetidas llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos.
“Nunca tuvimos respuesta, entonces estamos reclamando nuestro derecho a información”, dijo Laborde al explicar que una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores está estudiando su caso pero que le dijeron que el presidente Maduro considera que su reclamo “no es una prioridad”.
Funcionarios del Gobierno venezolano contactados por Reuters declinaron hacer comentarios.
En Santiago, Margarita Valls, de 74 años, dijo que no tiene más opción que empacar sus cosas y dejar su departamento arrendando para ir a vivir con una amiga en el sur de Chile.
“No tengo un peso”, comentó. “Trabajé mucho en Venezuela, di muchas cosas en Venezuela, estuve 37 años allá”.