El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció que dio una mala imagen y cometió un “error” en el escándalo de la ‘Casa Blanca’, la compra de una mansión a un contratista gubernamental por parte de su esposa, al promulgar este lunes un nuevo sistema anticorrupción.
AFP
Reconociendo que la corrupción es el “cáncer social” de México, Peña Nieto hizo autocrítica y dijo que el episodio de la ‘Casa Blanca’, que se conoció en noviembre de 2014 a raíz de una investigación periodística, le “reafirmó que los servidores públicos además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad” también son “responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos”.
“En esto, reconozco que cometí un error”, dijo el mandatario admitiendo que, aunque siempre actuó “conforme a derecho”, ese “error” de imagen afectó a su familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza de los mexicanos en su gobierno, que atraviesa una popularidad bajo mínimos del 30%.
“En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por esto, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”, manifestó Peña Nieto, cuya esposa anunció que vendería la casa presionada por la presión popular.
Coincidiendo con la promulgación de las nuevas leyes anticorrucpión y las declaraciones del mandatario, este lunes Virgilio Andrade anunció su dimisión como secretario de la Función Pública después de haber sido nombrado personalmente por Peña Nieto para que investigara el escándalo de la ‘Casa Blanca’, del que Andrade concluyó que no había conflicto de intereses.
La batería de siete leyes, aprobadas previamente por el Congreso, contempla la creación de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé centralizar las políticas al respecto, establecer penas más severas para los corruptos e impulsar un inédito control por parte de los ciudadanos.
La idea es que México deje de estar entre los países menos transparentes del mundo siendo el 95 de 167, según Transparencia Internacional, y que deje de perder hasta un 9% del Producto Interno Bruto por esas prácticas, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).