El líder de la Unidad en Guayana, Andrés Velásquez, fustigó las recientes decisiones tomadas por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Constitución y las leyes venezolanas, refiriéndose a sentencias que restringen competencias a la Asamblea Nacional y a un reciente fallo que autoriza la solicitud de préstamos a nombre del Estado, sin la correspondiente autorización del parlamento.
Nota de prensa
El dirigente nacional de La Causa R y ex parlamentario aseguró que las sentencias e interpretaciones de la Sala Constitucional profundizan aún más los problemas generados por la falta de separación de poderes, lo que genera conflictos institucionales entre una Asamblea Nacional que procura el respeto a las leyes y poderes que le dan la espalda a legalidad.
“Son absolutamente inconstitucionales las decisiones por encargo que saca el TSJ, por órdenes del Ejecutivo Nacional. Esta decisión contraviene jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, con lo cual se sigue demostrando que las actuaciones de esta sala no se ajustan ni al espíritu ni a los principios de nuestra Carta Magna”.
Dos casos
Velásquez rechazó la pretensión de anular una decisión de la Asamblea Nacional, que deja sin efecto por vicios de inconstitucionalidad la designación de magistrados del TSJ, realizada extemporánea e irregularmente el pasado 23 diciembre.
“La Asamblea, está facultada de acuerdo al tutelaje de sus propios actos, a revisar sus propias decisiones cuando estas carezcan de la formalidad y constitucionalidad necesarias. Los magistrados del TSJ violan la Constitución y golpean a la democracia cuando impiden que el Parlamento cumpla con sus atribuciones”, advirtió.
Andrés Velásquez señaló que es obligación del parlamento subsanar las fallas mediante el nombramiento de un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales y correspondiente designación de nuevos magistrados que cumplan con todos los requisitos y formalidades exigidas por la Constitución y las leyes venezolanas, incluida la propia Ley Del Tribunal Supremo de Justicia.
“En segundo lugar rechazamos la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, que autoriza al Banco Central de Venezuela, a endeudarse. Esta decisión contraviene jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, que en sentencia número 2.241, del 24 de septiembre del año 2002, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, establece que no se podrán realizar operaciones de crédito público sin la debida autorización de la Asamblea Nacional”.
El líder político explicó que mientras era diputado en el periodo 2000-2005, introdujo una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera Del Sector Público, acción que inició junto a los también parlamentarios Elías Mata y Enrique Márquez. En este caso, la ley permitía la suscripción de préstamos sin que mediara la aprobación del Parlamento, lo que luego fue corregido.
“Esto fue el 25 de octubre del año 2000, y la demanda fue declarada con lugar con sentencia favorable en septiembre del 2002. De manera que estos Magistrados que hoy complacen a Nicolás Maduro, con sus inconstitucionales sentencias, siguen dejando en evidencia que la justicia en Venezuela está manipulada políticamente. Que se sacan sentencias por encargo y que estas actuaciones no contribuyen en nada a normalizar la vida institucional del país, por el contrario agudiza mucho más el deterioro institucional que vive la patria”, sentenció Velásquez.