Es una verdad de Perogrullo que la economía se ajusta continuamente a sus circunstancias. El principal mecanismo de ajuste, como aprenden quienes inician sus estudios en esta disciplina, es el sistema de precios.
Por Humberto García Larralde / Economista, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Las políticas públicas afectan la forma en que opera este sistema y pueden aliviar o acentuar las restricciones que acotan el desenvolvimiento económico. La forma en que el gobierno incide determinará la bondad o el daño del ajuste: podrá optimizar el uso de los recursos, siempre limitados, aumentando el producto y contribuyendo con el asentamiento de instituciones que propicien que su usufructo sea socialmente justo, o podrá intervenir el sistema de precios, distorsionando la asignación de recursos y desplazando la inversión productiva por la especulación, a la vez que reparte el producto social por mecanismos no mercantiles que fomentan corruptelas.
Lo insólito del caso venezolano es que Maduro pretende hacernos creer que su gobierno no está “ajustando” la economía. Para él, la palabra “ajuste” forma parte de su arsenal de guerra. Vendría siendo, según él, la cabeza de proa de supuestos intereses foráneos que buscan someter la economía venezolana a sus intereses. ¡Qué nada se interponga al manejo discrecional del país por parte de los “revolucionarios” quienes, por antonomasia, representamos al pueblo!
Durante los catorce años del gobierno de Chávez el ingreso per cápita por exportación de petróleo se incrementó en más de un 500%. La “revolución” aprovechó la bonanza para afianzar los objetivos políticos del Presidente, acosando a la economía doméstica con restricciones y controles de precio que redundaron en un ajuste distorsionado y muy ineficiente. Las importaciones, más que se triplicaron por cada venezolano durante ese lapso y, para finales de 2015, la producción manufacturera por habitante era un 23% menor a la de 1998 y la agrícola había caído en un 7%. El ajuste chavista, de muy baja calidad, nos hizo mucho más vulnerables a los vaivenes del mercado petrolero mundial, pero mientras su precio rondaba los $100 por barril, no mostraba sus costuras.
Maduro ha mantenido el esquema destructivo anterior, salvo que ahora se ha visto obligado, adicionalmente, a ajustarse a la reducción drástica del ingreso externo. En absoluto se ha propuesto superar este cerco reactivando el aparato productivo doméstico a través del desmantelamiento del sistema de regulaciones y de controles de precio (y de cambio), que hoy asfixian su quehacer. Tampoco atiende a la caída brutal en la capacidad adquisitiva de la población, tomando las medidas imprescindibles para aplacar la altísima inflación, la más alta del mundo. Lo que ha hecho es rezagar el ajuste en los salarios, con lo que ha evitado hasta ahora que se dispare una hiperinflación, pero a costa del empobrecimiento brutal de los trabajadores.
Su interés ha sido privilegiar el pago de la deuda pública externa, para lo cual ha contraído las importaciones violentamente, agravando aun más el desabastecimiento interno, con su trágica secuela de colas insufribles en busca de alimentos regulados, malnutrición y muertes evitables si se pudiera producir o importar libremente medicamentos y equipos médicos. Pone al Ministro de la Defensa a cargo de la distribución de estos escasos recursos para cubrir las apariencias, como si el problema fuera de disciplina y control logístico. Juega con la salud de los venezolanos.
Ante la gravísima situación que padece la inmensa mayoría de los venezolanos, los economistas hemos venido exhortando que se apliquen políticas de estabilización macroeconómica que reduzcan sustancialmente el déficit público y su financiamiento monetario –la maquinita de imprimir billetes del BCV-; unifiquen y liberen el tipo de cambio con apoyo de un generoso financiamiento externo negociado con los organismos internacionales; y sustituyan los controles y regulaciones por la promoción activa de la competencia, tanto nacional como internacional.
Al levantar la restricción externa, al aparato productivo doméstico podrá importar insumos, equipos y repuestos para reactivarse, ya que hoy opera con apenas un 35% de su capacidad. Ello permitiría sustituir importaciones, reduciendo las necesidades de divisas, y generar empleos, cada vez mejor remunerados en la medida en que se incremente la productividad. Adicionalmente, una unificación cambiaria que equilibrara la capacidad adquisitiva interna y externa del bolívar se traduciría en que la mitad de las importaciones de bienes de consumo final e insumos disminuyan de precio, ya que hoy deben recurrir al dólar paralelo, mucho más caro. No obstante, se encarecerían aquellos bienes que importa hoy el gobierno con dólares subsidiados. Buena parte de los venezolanos ya pagamos esos productos a precios muy superiores (de “bachaquero”), pero una porción creciente se ve obligado a padecer colas maratónicas en espera de poder conseguir algún alimento o producto farmacéutico a precio regulado, dados sus miserables ingresos. Será menester instrumentar mecanismos eficaces de compensar a estos sectores mientras se reactive la economía, vuelvan a llenarse los anaqueles con productos a precios estables y se generen empleos bien remunerados. La condicionalidad que exigirían los organismos financieros internacionales para otorgar los recursos que facilitarían estos avances sería el saneamiento de las cuentas públicas para reducir el gasto dispendioso y cerrar el déficit que alimenta la inflación. Para no comprometer el gasto social habrá que privatizar empresas que hoy constituyen enormes desaguaderos de dinero. En fin, un ajuste expansivo, enriquecedor, que atraerá cuantiosas inversiones y mejorará el bienestar de los venezolanos, en contraposición al actual ajuste empobrecedor. Pero el gobierno de Maduro rechaza este tipo de ajustes descalificándolos con una serie de epítetos propios de la retórica comunistoide, alegando la defensa de la “revolución”. En realidad, bajo tal disfraz, defiende un sistema de complicidades entre factores de una oligarquía militar y civil parásita que se ha apoderado de las distintas instituciones del estado para depredar el sistema de controles, los diferenciales de precio y las oportunidades de extorsión, y expoliar la riqueza social sin rendición de cuentas.
Bajo banderas “socialistas” el chavismo ha conformado un estado patrimonialista que ha privatizado el usufructo de muchos bienes públicos por parte de esta oligarquía corrupta -¡ah, las mieles del poder!-, mientras denuncia “los intentos del imperio, por medio del FMI por doblegar a Venezuela”. Las imposturas ideológicas, como se ve, pueden ser inmensamente rentables.