La justicia como principio y servicio al país, es un universo en el cual el bandidaje corrupto delincuencial rojo y no tan rojo, en confabulación con testaferros picaros que se presentan como opositores, han hecho desastres. El Gobierno ha logrado someterla a su propio y directo mandato. El poder judicial venezolano es obediente, entregado, subordinado y en consecuencia, cómplice. Muy grave y peligroso, no sólo para el sistema democrático, sino para la convivencia ciudadana.
Con “asombro” observamos que el máximo tribunal concibe jurisprudencia tergiversada creando decisiones que responden sólo a intereses oficialistas, en detrimento de los ciudadanos y de los propósitos y definiciones de la Constitución. La Asamblea Nacional, por su parte, debería desarrollar iniciativas de orden práctico, dictando legislaciones, para socorrer al pueblo agobiado. Son la dedicación y el interés por la realidad nacional, lo que cuenta; las leyes son para aplicarlas y muchas no se cumplen.
Los medios de comunicación son megáfonos para todos y especialmente los políticos, quienes ya aburren, se repiten, hablan sin parar, convocan ruedas de prensa y declaran a cuanto reportero encuentran para decir, en forma distinta, los mismos mensajes. Lectores, radioescuchas, televidentes o tuiteros no son mentecatos, ni creen la sinceridad del quejoso santoral.
Columnistas, medios, articulistas, blogs, y hasta gente del gobierno, denuncian con pelos y señales a oficialistas, opositores, testaferros, negociadores -quienes se han robado miles de millones de dólares-, con nombres, fotos y grabaciones que están en boca y miradas de todos. Venezuela la está pasando mal y su población padece carestía, mientras desfachatados y zánganos se dan la gran vida con el dinero sustraído inmisericordemente del erario nacional. Es un insulto humillante y enfurecedor que a la luz pública delincuentes hagan gala de sus mal habidas fortunas en revistas, páginas sociales, y, quienes tienen el deber de someterlos a la ley, a la justicia, estén pendejeando con declaraciones vacías, sin sentido, sólo pendientes de la politiquería barata y fútil.
El desgano, la falta de interés, la voluntad política mal entendida y corrompida, los intereses partidistas e individuales, las complicidades, el negociado, la componenda, no pueden seguir estando por encima del interés colectivo de toda una nación. Pero eso es precisamente, lo que privilegian una minoría de politiqueros opositores y, por supuesto, la mayoría oficialista.
Confiar que el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía les pasen las informaciones a los diputados, es una bobería que no se producirá. Aun esperamos la lista de las empresas de maletín que desvalijaron miles de millones de dólares a decir de Giordani, y hasta el Presidente Maduro prometió dar los nombres. Para sancionar a cuatreros y bandoleros hay que querer castigarlos.
A los venezolanos que pasan hambre les encantaría que, en vez de las vagas y obligadas promesas de resolverles su angustia de conseguir comida y medicinas sin tener que hacer colas de noche y de día, alguien obligara a los corruptos devolver los millones de dólares que se han robado, sobrefacturaron y mantienen en cuentas, bancos y negocios en el extranjero -por cierto, no en Cuba- para darse vida de multimillonarios con mansiones, ranchos, haciendas, yates, autos de lujo, aviones, inversiones, caballerizas, restaurantes, socios de universidades, venta de carros y otros placeres sofisticados, mientras los venezolanos sufren hambre y pobreza extremas.
Presidentes, accionistas, altos ejecutivos de bancos públicos y privados que han desangrado sus arcas, la de los ahorristas y del Estado; gobernadores, alcaldes, magistrados, jueces, fiscales, diputados, senadores, sus hijos y linajes, se pavonean, se toman fotos, las colocan en las redes sociales sin rubor ni pudor en los mejores sitios del mundo con sus familias y relaciones. Son descarados ladrones –que financian a oficialistas y opositores-, no merecen consideración por parte de ningún venezolano decente, honesto, con valores y principios. Lo mismo pasa con funcionarios públicos, tesoreros, vendedores de equipos y plantas eléctricas, de bienes, de alimentos, de medicinas, suministradores y asesores financieros, vagabundos, especuladores y forajidos. Ninguno rindió cuentas y ahora se dan golpes de pecho, declaran, se presentan como ciudadanos insignes con derecho a ser enaltecidos, beatificados, cuando en realidad son pillos de la peor calaña. Además, una burla y desánimo para empresarios honorables que siguen luchando en Venezuela a pesar de las diarias trabas del Gobierno y mafias burocráticas.
La mejor política es llevar a la justicia nacional e internacional a esos cínicos, desfachatados bandidos, atracadores, así como recuperar todo lo que han hurtado al fisco. Los corruptos deben pagar no solamente reingresando los dineros al tesoro nacional sino con cárcel por el atrevimiento de haber osado tocar los fondos –gubernamentales- de todo un país, que entre otras tragedias aumentadas por esas raterías, hoy vive y padece penurias por esta devastación, desfalco y saqueo de la que ha sido objeto Venezuela.
¿Qué está haciendo la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional? ¿Cuántos casos ha investigado en serio y ha documentado formalmente? ¿Por qué la integran diputados de dudosa reputación, faltos de ética y moral? Señores parlamentarios y políticos opositores, a falta de autoridades dispuestas, se demanda que trabajen duro, investiguen, documenten, consigan las pruebas, ya que, por muy ladrones que sean los deshonestos, las autoridades estadounidenses, latinoamericanas y europeas no los van a detener ni congelar y menos devolver sus bienes, sólo porque los medios lo señalen. En esos países la justicia es seria, formal e independiente; el fortalecimiento de los expedientes es clave para evitar que los bandoleros piratas a pesar de sus costosos e inescrupulosos abogados, evadan la ley con tecnicismos que aprovechen para esquivar la norma.
España, Inglaterra, Mónaco, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y otros, deben de inmediato expulsar y entregar a las autoridades venezolanas a todo sinvergüenza choro que no pueda justificar su fortuna. Pero sus poderes judiciales necesitan cumplir con sus propias leyes; es decir, precisan las iniciativas de la Asamblea Nacional de Venezuela, la documentación y gestiones correspondientes.
Funcionarios, diputados opositores y oficialistas, han sido señalados de estar presuntamente en las nóminas de algunos, hampones, ladrones de las arcas oficiales. Es un rumor que debe ser desmentido y aclarado de inmediato, para que no quede duda. Y quienes estén equivocadamente involucrados deben jurar en público y ante el país, que nada tienen que ver con semejante acusación.
El Gobierno, por su parte, está obligado a concertar con todos los sectores nacionales, empezando por retirar malhechores importantes, que hasta ahora han sido responsables de la producción, importación y distribución de alimentos, medicinas, productos diversos de necesidad popular; los que destruyeron empresas, industrias, agricultura, acabaron con la siembra, el ganado, la leche y sus derivados. Son tantos los bandoleros y forajidos que habrá que construirles, con el dinero que desfalcaron, sus prisiones, para que pasen el resto de sus mal ocurridas vidas en la cárcel. Una decisión que engrandece, beneficia, es necesaria y urgente para que algo de fe popular se rescate, así como colaborar activamente, con sincero interés y sin egoísmos estúpidos, en las investigaciones necesarias para comprobar, denunciar, buscar y apresar a los bandidos, rufianes, truhanes y bribones.
Es lo menos que pueden hacer, ya que tanto daño han hecho. Los políticos que no puedan, no lo deseen, estén o se sientan comprometidos, no tengan bolas, no exista voluntad política o simplemente se sientan incapacitados de hacer valer y honrar la ley; por favor háganse y hágannos el patriótico favor de renunciar; pónganse a un lado, váyanse y denle oportunidad a otros que sí quieren un mejor país, decente, honesto, con principios morales y valores éticos.
Armando Martini Pietri