Varios centenares de policías y guardias nacionales bloquearon el paso a una marcha de miles de opositores que aspiraba llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para presionar por un referendo inmediato para la revocación del mandato del presidente Nicolás Maduro.
Al grito de “¡revocatorio ya!” y entre carteles en los que se leía “el hambre no espera, revocatorio ya”, miles de opositores iniciaron cerca del mediodía sendas movilizaciones en el norte y este de la capital pese a que no tenían el permiso de la alcaldía oficialista de Caracas.
Los policías y los guardias nacionales con pertrechos antimotines y camiones cisterna les cerraron las vías a los manifestantes. Las autoridades también cerraron algunas estaciones del metro por seguridad.
Una de las movilizaciones, encabezada por el dirigente opositor Henrique Capriles, logró sortear algunos bloqueos de los cuerpos de seguridad y avanzar por unas vías del este de la capital, en medio de un fuerte congestionamiento vehicular, hasta encontrarse con la otra marcha opositora.
Contingentes policiales se apostaron en medio de la céntrica avenida Libertador para impedir el avance de los inconformes.
“No vinimos a confrontar con la policía, pero sí se lo decimos con claridad… nosotros vamos a defender la Constitución”, dijo Capriles, uno de los principales promotores del referendo, al solicitarles a los manifestantes que se retiraran pacíficamente del lugar.
“No nos van a robar el derecho que tenemos a revocar a este gobierno”, afirmó Capriles, y advirtió que en los próximos días la oposición realizará nuevas acciones para mantener las presiones a favor del referendo.
Uno de los directores del CNE, Luis Emilio Rondón, acudió a una de las movilizaciones para recibir una solicitud de la oposición sobre la definición de la fecha para recolectar las firmas del 20% de los electores (cerca de 4 millones de personas) que permitirían activar formalmente el referendo.
Rondón dijo a la prensa que una comisión del CNE aprobó un informe sobre la validación de un primer lote de firmas opositoras, pero precisó que no será sino hasta el lunes cuando las autoridades electorales den el veredicto final sobre el proceso.
En otras tres ciudades también se realizaron marchas pacíficas a favor del referendo.
En mayo la oposición intentó marchar en varias oportunidades hacia el CNE, pero los cuerpos policiales también bloquearon las movilizaciones.
En la víspera, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, solicitó al CNE que se cancele el registro de inscripción de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como solicitante del referendo, por el “fraude” que cometió en la recolección de las firmas.
La MUD abarca a una treintena de partidos y agrupaciones opositoras.
La coalición opositora planteó como exigencia la realización del referendo este año para ir a un posible diálogo con el gobierno, pero Maduro y otros dirigentes oficialistas han descartado esa posibilidad.
De aprobarse la revocación este año, se debería convocar a elecciones, pero si sucede en 2017, el período de Maduro deberá ser completado por su vicepresidente Aristóbulo Isturiz, según establece la Constitución.
Algunas figuras del oficialismo presentaron en la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia acciones judiciales contra el proceso de recolección de rúbricas que aún están pendientes de decisión.
Maduro enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica que ha golpeado su popularidad, la cual ronda el 23%, y un creciente descontento que se manifiesta en el aumento de las protestas callejeras y los saqueos de comercios.
Human Rights Watch denunció que desde mayo pasado la policía política y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas en Venezuela bajo el argumento de que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno. La organización sostiene que la mayoría de esas personas denunciaron haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia.
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, cuestionó desde la capital argentina las acciones de las autoridades venezolanas, y dijo que “el gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime a la disidencia política”.
La organización también alertó sobre los casos de centenares de empleados públicos que han sido despedidos en los últimos meses por apoyar el referendo.
“No nos extraña nada de lo que haga Jorge Rodríguez; además el asesor jurídico del gobierno, Escarrá anunció diez mil acciones de amparo contra el revocatorio, no me extraña porque por más acciones que intente, más honorarios cobra”, manifestó.
Detalló que Rodriguez está procurando ilegalizar el derecho y a ellos como peticionarios, “la MUD representa a todos los partidos políticos de oposición pero más allá representa a los ciudadanos que quiere se le respeten sus derechos”.
Expresó que el gobierno usará al CNE, TSJ, fuerza civiles y de represión para tratar de sofocar al pueblo.
(lapatilla.com)
.@hramosallup: No podremos llegar hasta el CNE, avanzaremos por la Libertador hasta donde los piquetes lo permitan pic.twitter.com/a8UYHARIS2
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 27 de julio de 2016