Gloria al hombre que labra la tierra
Gloria al hombre que entrega su afán
a los frutos que múltiple encierra
convertidos en miel, leche y pan
Recuerdo que de pequeña en la escuela durante la semana de la alimentación, nos enseñaban el himno a la agricultura, una especie de ofrenda en alabanza a aquellos que labran la tierra y proveen de vital alimento a la Nación. Aquel cántico glorioso nutría nuestro orgullo de vivir en una patria próspera y trabajadora, rica y productiva: Venezuela.
Eso viene a mi mente, a raíz de la última propuesta del Gobierno para palear la crisis alimentaria que nos agobia. Se trata de un Régimen Especial Transitorio de Trabajo, propuesta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, aprobada a través de Resolución publicada en Gaceta Oficial No. 40.950 de fecha 22 de julio de 2016.
La disposición es una copia al carbón de aquella medida que se aplicó otrora en Cuba con motivo de recoger la Zafra Azucarera y posteriormente en Chile en tiempos de Salvador Allende a través de un voluntariado de la población. La Resolución se dicta en el marco del Estado de Excepción y Emergencia Económica, prorrogado por Nicolás el pasado 12 de Julio por 60 días más, Estado de Emergencia que le permite tomar medidas en materia social, económica y política.
Adicionalmente la Resolución surge igualmente gracias a la solicitud que hiciera el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, de autorizar la prestación de un grupo de trabajadores a ser incorporados a diversas plantas procesadoras de maíz, las cuales se inscriben en el proceso de recuperación de empresas del Estado. Dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológico que reconocen, públicamente, que afectan la economía del país y por supuesto los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la Nación. En ofensiva, no faltaría más, a la “guerra económica” que de acuerdo a la opinión de gobierno padecemos los venezolanos.
Y como ofensiva a la presunta “guerra económica”, el Gobierno entonces través de esta Resolución ordena “la incorporación” de trabajadores de la empresas públicas, privadas, de propiedad social y mixtas, a labores agroproductivas. Se trata de obligar a las empresas a prestar a sus trabajadores de unidades especiales, en criollo, su mano de obra, a otras empresas, a los fines de garantizar la seguridad alimentaria en Venezuela.
Se plantea en este orden de ideas, un Régimen Laboral Transitorio, de carácter obligatorio y estratégico con el fin de contribuir al reimpulso productivo del sector agroalimentario y así, restablecer o recuperar la producción. De esta manera, todas las entidades del país deben “ceder” a sus trabajadores de manera obligatoria, sin derecho al pataleo. Deben colaborar y cumplir con el estricto imperio de este Acto Administrativo, proporcionando de manera pacífica a sus trabajadores, cuando son requeridos para aumentar la productividad.
Eso sí, esta Resolución va dirigida fundamentalmente a trabajadores del sector público o privado que posean condiciones físicas adecuadas, conocimientos técnicos y teóricos en las distintas áreas agroproductivas. La mencionada Resolución, igualmente establece expresamente que el salario de los trabajadores será cancelado por la empresa requirente así como sus cesta tickets socialistas o bono de alimentación correspondiente, pero a la empresa requerida le corresponderá cancelar lo relativo a las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social del trabajador, primas de antigüedad y demás beneficios laborales.
Igualmente, estos trabajadores gozarán de inamovilidad laboral en consecuencia, no podrán ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo originarias, sin causa debidamente justificada. Todo ello implica una separación del cargo originario por un lapso de 60 días, prorrogables por un lapso igual, si las circunstancias así lo ameritan.
No se detallan modalidades adicionales para la cesión de dichos empleados, ni cómo debe hacerse esta solicitud, ni la naturaleza de las obligación de los trabajadores ni las de la empresa receptora, ni que pasa con los beneficios salariales derivados de una convención colectiva, ni mucho menos en lo relativo a acuerdos entre el trabajador y el patrono establecidos en algún contrato de servicios. Tampoco cuándo serán reasignados en sus labores, es decir, todo esto queda como dibujo libre.
Y es que este Gobierno no deja de sorprendernos. Ahora resulta que la solución a todo el problema alimentario, frente a la escasez y la baja productividad, es la intervención unilateral y por decisión propia de empresas productivas, para sin ton ni son arrebatarles su mano de obra calificada y trasladarla a otra empresa que esté en proceso de reactivación productiva.
La gran verdad es que aquí no logramos perder la capacidad de asombro! No bastan los controles de precios, de cambio, el monopolio de las importaciones y las limitaciones para el ingreso de los productos al país, sino que ahora además se les ocurre como solución, la torpe idea de arrebatarle los trabajadores a aquellas empresas productivas que quedan, sin tomar en consideración que cada trabajador o empleado es contratado porque hace un aporte importante en el proceso de producción de la empresa, digamos nadie contrata a alguien que no necesite. De esta manera, se premia la producción de la empresa que recibe al trabajador a costa de la producción de otra que lo presta.
Por otro lado, la Resolución es a todas luces absolutamente inconstitucional pues viola el derecho a la libertad de empresa e igualmente los derechos de los trabajadores, anulándoles o cercenándoles su voluntad de elegir y decidir con quién y donde trabajar. De tal manera que es una situación forzosa, que viola su libertad y los reduce a simples objetos o esclavos que pueden ser intercambiados a capricho del Gobierno Nacional, cuando les venga en gana, sin tomar en cuenta para nada el consentimiento o la voluntad del trabajador.
Sin lugar a dudas, es una obligación del estado garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendemos que estamos en una situación de crisis que amerita actuación inmediata, pero no es menos cierto que justo por eso no estamos para inventos. El tema no es cosa de juegos, se trata del estomago de la gente, un tema muy sensible para la población que diariamente es sometida a la humillación de hacer largas colas para conseguir con que alimentar a su familia, por esa razón se debe atender con seriedad, proponer y llevar a cabo medidas contundentes que solucionen el problema de raíz y no pañitos calientes, que agraven la situación.
La solución no está sin duda en llevar a la quiebra empresas productivas para beneficiar a otras; en tomar medidas desesperadas que cercenen aun más las libertades de la población. La solución está en asumir el asunto con responsabilidad e implantar medidas económicas cónsonas con la situación que enfrentamos, que nos fortalezcan, que estimulen la producción y la inversión, todo lo cual debe hacerse a través de mecanismos viables que generen productividad, brindando incentivos que permitan y otorguen a los agricultores mayores beneficios para la obtención de recursos económicos para sí mismos y sus familias.
Fomentar la libre empresa, la creación de puestos de trabajo de calidad que le permitan al trabajador la obtención de un trabajo que le provea de un salario digno que premie el esfuerzo realizado y su dedicación, de manera que le permita progresar y mejorar su calidad de vida. Definitivamente es necesario reavivar el culto a la agricultura, volver a entonar con orgullo las notas de su himno y no seguir arando en el mar de la inconsciencia y el desafuero.
Maria Auxiliadora Dubuc
@mauxi1