El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, Félix Jiménez, rechazó la resolución 9855, publicada en Gaceta Oficial, que establece que el gobierno puede obligar a las empresas privadas y públicas a prestar a sus trabajadores al área agroalimentaria.
Jiménez calificó la nueva medida como una amenaza, pues considera que las empresas podrían tener nuevas pérdidas en los niveles de producción, ante la disminución de su personal, en un escenario donde en la actualidad se realizan grandes esfuerzos para garantizar los bienes y servicios en el país.
“El nuevo decreto no es una forma viable para que Venezuela pueda aumentar su producción y salir de la crisis que afecta a todos los sectores del país”, enfatizó el representante gremial, quien además consideró que la suspensión del capital humano de las pocas empresas que quedan activas, sufrirán un fuerte impacto negativo.
El Ministerio del Trabajo estableció un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio para todas las entidades de trabajo del país para el reimpulso productivo del sector agroalimentario. Prevé además un mecanismo de “inserción temporal de trabajadores” en aquellas entidades de trabajo que han sido objeto de alguna medida especial implementada para fortalecer la producción en el mencionado sector.
Nota de prensa