El Gobierno venezolano publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.421 el decreto que aprueba la ocupación temporal de inmuebles y terrenos. La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) emitió un comunicado exigiendo la revisión de la disposición legal y a este se sumó la Cámara de la Construcción del estado Bolívar (CCEB), en vista de que se pone en riesgo la propiedad privada.
“No podemos estar de acuerdo con este decreto”, expresó Oscar Gómez, presidente del órgano gremial regional, “no se pueden ocupar terrenos privados para construir viviendas habiendo obras sin culminar”. En Bolívar el déficit de recintos domiciliarios ronda las 150 mil dado la “enorme y galopante” escasez de materiales.
El rechazo se sustenta, igualmente, en la Constitución nacional la cual protege la propiedad sobre los bienes al establecer en el capítulo VII, De los derechos económicos, que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.
“La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general y solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, cita la Carta Magna, por lo que el empresario sostuvo que se debe responder a los propietarios de estos inmuebles contemplados en el decreto la justa indemnización, como ocurría en administraciones anteriores.
En Venezuela hay otras prioridades que los gobiernos nacional, regional y municipal deben atender, como “el gran déficit de alimentos y medicinas, lo cual representa una verdadera emergencia para nuestra población”, añadió Gómez.
Cuatro regionales en la mira
El Presidente de la CCEB indicó que cualquier espacio del estado Bolívar podría ser ocupado temporalmente si se aplica el decreto en cuestión, pero hay que tomar en cuenta el uso que se le dará, las variables urbanas y las condiciones del terreno.
El ingeniero explicó que no es lo mismo un inmueble donde funcione una universidad para mil estudiantes, que construir viviendas para 250 familias, que en promedio estarían conformadas por las mil personas, es decir, los servicios y requerimientos son diferentes, las exigencias de las viviendas son mayores y si no se toman previsiones colapsarían los sistemas de drenajes de aguas servidas, el suministro de agua potable, la energía eléctrica y el resto de los servicios como el de telefonía, por ejemplo.
Por otro lado, evaluando el decreto, Gómez comentó que encontró cuatro inmuebles que fueron señalados en este estado: Ali Primera en Los Sabanales II, ubicado frente a la Panadería La Revancha de 6.996 metros cuadrados (M2); Villa Atlántico UD 309 Las Peonias, localizados en la avenida Atlántico de 369.104 M2; Villa Granada en el sector Villa Granada de 19.949 M2 y Ciudad Socialista Cacique Guaicaipuro en el Sector Los Caobos, en Ciudad Bolívar, de 69.428 M2.
Extranjeros con prioridad
Oscar Gómez, representante del sector construcción en la entidad, refutó la decisión gubernamental, además, porque las empresas privadas de la región no han tenido participación directa en los proyectos que lleva a cabo la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), aunque sí de algunos ingenieros que han sido contratados como gerentes técnicos para administrar obras, ya sean urbanismos o edificaciones.
En el mismo orden de ideas, mencionó que en otras regiones del país figuran empresas extranjeras en los proyectos cobrando en dólares, mientras que las locales reciben bolívares y aprobaciones muy por debajo de la realidad económica.
“Las empresas extrajeras son contratadas para construcción de unidades habitacionales de 50 M2, que están en el orden de los 75.000 dólares y hasta más; mientras que a nuestros constructores les pagan 3.000.000 de bolívares. Esto debe discutirse con el Ejecutivo nacional para tener condiciones similares a la de los extranjeros, así podrán construirse muchas más viviendas a un precio menor que el contratado a estos y con la calidad y el cumplimiento de las exigencias de las normas venezolanas”, concluyó el dirigente gremial.
Nota de prensa