” La corrupción se va a tragar la Patria”. Con estas cínicas palabras Nicolás Maduro quiso enviar un mensaje y solicitó una Ley Habilitante con el pretexto de declarar una especie de emergencia contra la corrupción. Hasta habló del “cadivismo”, refiriéndose a las graves irregularidades existentes en la asignación de divisas para las importaciones. El general Manuel Barroso, el principal responsable, fue luego ascendido a General por el propio Maduro.
Tres años después de la supuesta emergencia contra la corrupción, ésta no sólo se ha tragado a la Patria, ahora quebrada y endeudada a niveles inimaginables, sino que también se tragó a Maduro y a su entorno.
En Miraflores funciona una especie de sindicato del crimen que protege automáticamente a cualquier alto funcionario de la casta cívico militar que desgobierna, ante cualquier señalamiento o denuncia de corrupción o de narcotráfico.
Las pruebas sobran. Por si alguna duda quedaba, el propio Maduro ha prohibido a ministros, presidentes de institutos y en general a cualquier alto funcionario, que atienda ninguna invitación o convocatoria proveniente de la Asamblea Nacional como consecuencia de investigaciones administrativas en curso.
Es así como se encuentran en desacato, por no haber acudido a las respectivas convocatorias, los ministros y ex ministros responsables de la importación de alimentos, los generales Rodolfo Marco Torres, Giuseppe Yoffreda y Carlos Osorio Zambrano, entre otros, por lo que ya fueron sancionados por el Parlamento.
Sobre Osorio, ya es conocida la denuncia que formulamos en torno a su gestión ante el Ministerio de alimentación y en CASA, durante la cual, sus cuñados recibieron millonarias transferencias en cuentas de paraísos fiscales – hasta ahora no justificadas – provenientes de las empresas de maletín del seudo empresario Naman Wakil, uno de los mayores proveedores de ambas instituciones.
Dicha denuncia fue oficializada en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) y en la Fiscalía General de la República tanto por nosotros como por los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia.
El general Carlos Osorio nunca respondió a la convocatoria de la AN. Era la gran oportunidad de explicar a la opinión pública, y a todos venezolanos que hoy pasan penurias y hambre, dónde están los miles de millones de dólares destinados a importar alimentos.
Osorio no solo no le dio la cara a los ciudadanos, como es el deber de cualquier funcionario público, sino que demandó a los diputados y a mi persona a través de una acción “legal” insólita que pretende acallar nuestras voces e inclusive la de todos los medios de comunicación de Venezuela que tenemos prohibido, por un tribunal de Valencia, nombrar a Osorio, una arbitrariedad propia de las nefastas normas de desacato aplicadas por las dictaduras. Una nueva violación de los derechos humanos, en especial a la libertad de expresión y de prensa.
Protegido por la “primera combatiente”, que impartió las órdenes a los sicarios judiciales, Osorio inició acciones civiles y penales contra nosotros como si con ello pudiera detener el curso de la historia que de manera inevitable dejará al descubierto su trayectoria en todos los cargos públicos que ha ejercido. La pasada semana, la Comisión de Contraloría de la AN abrió una nueva investigación contra Osorio por irregularidades de más de 70 millones de dólares durante su gestión al frente de la saqueada CVG., de la cual fue presidente.
Es solo el principio de muchas mas que vendrán cuando en Venezuela se establezca el Estado de Derecho. Mientras tanto, no habrá orden judicial que logre que los venezolanos olviden los nombres de quienes saquearon al país.
Por nuestra parte, nunca en nuestra trayectoria de responsabilidades públicas fuimos objeto de ninguna sanción, ni administrativa ni judicial. . Ni siquiera en los peores momentos de ensañamiento por parte de nuestros adversarios políticos.
Al igual que en el pasado, se repite la historia. Los que denuncian a los corruptos y sus vagabundearías son perseguidos y encarcelados, mientras que los corruptos se mueven con absoluta impunidad bajo la protección de la cleptocracia que se adueñó de Miraflores imponiendo el nepotismo y la corrupción.
A los que tratan de amedrentarnos les digo que no lo van a lograr porque tenemos pruebas de todas las denuncias que hemos realizado. Ya es tiempo que el Ministerio Público, que también ha adelantado la investigación sobre el saqueo cambiario en las importaciones de alimentos y medicinas, inicie las imputaciones correspondientes de los responsables de los graves delitos perpetrados contra el patrimonio público, como es el caso de nuestras denuncias contra Naman Wakil y Carlos Osorio Zambrano, su cómplice necesario, cabecillas del entramado de empresas de maletín utilizado para millonarias importaciones fraudulentas que le causaron un daño irreversible al país, como bien saben muchos venezolanos, incluyendo seguidores y aliados del Polo Patriótico como el PCV que también ha solicitado la investigación del caso.
No podrán doblegarnos utilizando a una parte del Poder judicial para perseguir a quienes pensamos distinto y a quienes denunciamos la dictadura de la corrupción política que ha sustituido al Estado de Derecho por un Estado delincuente.
Ahora mas que nunca ratificamos nuestro compromiso de lucha contra los responsables de la gran tragedia que padece Venezuela, el gran saqueo de miles de millones de dólares del patrimonio de nuestros hijos y nietos.
La corrupción política se ha convertido en una violación sistemática de los derechos humanos, y es la causa principal de la violencia desbordada, el colapso de los servicos públicos de agua, electricidad y salud, la hiperinflación y la escasez de medicinas y alimentos que padecemos hoy todos los venezolanos.
Seguiremos impulsando la agenda de denuncias contra la corrupción y la impunidad, la aprobación de las normas jurídicas necesarias para recuperar el dinero y los bienes robados a nuestro pueblo, así como la revocatoria inmediata del mandato de un presidente nefasto.