El Gobierno de Colombia y las FARC acordaron el viernes un mecanismo para elegir a 24 magistrados que conformarán un tribunal encargado de aplicar el acuerdo de justicia pactado entre las partes, uno de los temas más sensibles de la negociación de paz para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo.
El pacto sobre justicia establece que los integrantes de la guerrilla y los efectivos de las Fuerzas Militares que acepten sus responsabilidad en delitos cometidos en medio del conflicto y confiesen la verdad, recibirán una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de libertad, pero no cárcel.
Sin embargo, quienes no acepten los crímenes imputados y sean hallados culpables serán castigados hasta con 20 años de prisión.
“El Gobierno nacional y las FARC-EP hemos acordado proponer a su Santidad el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, para escoger una persona y conformar el mecanismo de selección del tribunal”, dijeron las partes en un comunicado conjunto leído por los países garantes Cuba y Noruega en La Habana.
“Los procesos de escogencia deberán concluir lo más pronto posible después de la entrada en vigor del acuerdo final”, añadió el comunicado.
El acuerdo sobre justicia también beneficiará a civiles como empresarios, hacendados o ganaderos que por presión o en forma voluntaria hayan apoyado económicamente o de alguna otra forma a la guerrilla o a los escuadrones paramilitares de ultraderecha, siempre y cuando lo admitan ante el tribunal de paz.
Los combatientes de la guerrilla que no sean responsables de delitos de lesa humanidad ni de crímenes de guerra como asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada y abuso sexual serán beneficiados por una amnistía.
El acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) busca terminar con una confrontación que ha cobrado 220.000 vidas y que ha dejado millones de desplazados en más de medio siglo.
El pacto debe ser ahora refrendado en un plebiscito en Colombia, donde una encuesta de Ipsos difundida la semana pasada reveló que si la consulta se realizara inmediatamente, la mayoría votaría por el “No”.
Sólo un 59 por ciento de los colombianos participaría en el proceso, dijo la encuestadora. Reuters