“Hemos acudido al Consejo Legislativo de Miranda y a los órganos que rigen la justicia en Venezuela para informar los problemas que generan la falta de un presupuesto adecuado para la institución, la crisis económica, lo que apenas logran comer los funcionarios y también los detenidos en nuestras hacinadas sedes con la aguda escasez de alimentos, además de la paralización de más de la mitad de la flota por falta de repuestos y en lugar de ayudarnos hay quienes se dedican a la politiquería, sin embargo, no hacen nada por aportar una solución”.
Nota de prensa
La cita corresponde al director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, quien además ratifica que todos los funcionarios, elegidos popularmente o designados para trabajar en el área de seguridad son responsables de elaborar acciones para mejorar la administración de justicia en la nación.
“Hay personajes que se obsesionan con quienes sí trabajamos para cambiar las precarias condiciones que afrontan los cuerpos policiales por la mala administración del Gobierno Nacional. Esos malos políticos, en lugar de sumar esfuerzos para asegurar el bienestar de los mirandinos, solo salen a predicar el credo de su abanderado”, citó Guzmán, quien considera que la seguridad de los mirandinos no debe politizarse.
En este sentido opina que la inacción u omisión del ejecutivo nacional sí representa una violación flagrante de los Derechos Humanos. “Ante ellos hemos enviado peticiones de equipamiento, hemos denunciado lo que causa que hayan convertido nuestras sedes policiales en cárceles, la falta de dotación de patrullas y que además las malas condiciones sociales que brindan a los policías hacen que los funcionarios migren a la empresa privada. Para ellos es más fácil obviar su responsabilidad diciendo que la seguridad es solo nuestra responsabilidad.
Pues no, ellos también deben generar progreso y omitir ese deber es lo que esencialmente impide que nuestra nómina sea la adecuada y que hayan menos delitos”, fustigó.
Para Guzmán es indispensable que todos los que forman parte del sistema de administración de justicia, tanto desde la Asamblea Regional hasta los órganos con competencia nacional se nutran del conocimiento adecuado para generar un plan que realmente beneficie a la ciudadanía en materia de seguridad.