Ante el inminente cierre del Internado Judicial de Barinas (Injuba) y el traslado de los internos a diferentes centros penitenciarios del país, el abogado Robert Alvarado hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, en especial a la ministra Iris Varela, para que tengan presente el delicado estado de salud del preso político Kamel Salame, “de quien no se ha tenido información desde hace aproximadamente una semana, en momentos cuando esperaba autorización para ser atendido por sus médicos tratantes motivado a un cuadro de dolores cervicales, crisis hipertensiva y descompensación que se le ha agudizado en los últimos meses, en caso de ser trasladado en esas condiciones se podría acelerar el deterioro de su estado actual de salud”, precisó el profesional del derecho.
Nota de prensa
José Luis Centeno, integrante de la defensa del empresario y dirigente político yaracuyano, informó que en horas de la tarde del día de ayer establecieron contacto con la Consultora Jurídica de la Defensoría del Pueblo, Dra. Aramita Padrino, “quien de inmediato inició gestiones ante el Ministerio de Asuntos Penitenciarios a los fines de que se provea a nuestro defendido los medios adecuados para la preservación de su salud e integridad personal, algo en lo que ha venido insistiendo ese Despacho Defensorial desde marzo de este año, cuando solicitó al tribunal de la causa una Medida Cautelar para Salame por razones humanitarias en razón de su delicado estado de salud”.
“Abrigamos la esperanza de que esta sea una oportunidad propicia para que Kamel Salame tenga acceso a los tratamientos médicos adecuados para atender sus patologías, toda vez que las autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios están conscientes de que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal, como consecuencia de su estado actual de salud, constituyen la máxima situación de irreparabilidad en este caso”, destacó el jurista Robert Alvarado, a la vez manifestó “la preocupación de los familiares de Kamel, ante la incertidumbre que reina después de la intervención del Injuba, sin saber a dónde irá a parar, esperando que lo trasladen al CERRA en Maracay como lo han venido pidiendo personalmente sus menores hijas a los órganos del Sistema Judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional de Venezuela”.