Si algún gobierno le ha sacado partido a la situación de Venezuela es el gobierno de Colombia, liderado por su Presidente Juan Manuel Santos. Si bien en Venezuela ha habido continuidad en el desastre al que han llevado al país tanto el ex presidente Hugo Chávez, como su sucesor Nicolás Maduro, el caso de Colombia es inverso.
Si comparamos lo que han representado las figuras de los mandatarios Uribe y Santos para su país y para la geopolítica del continente, la diferencia es notable. Basta con señalar el tratamiento que el Presidente Santos le ha dado a la seguridad en su país para comprender lo que realmente este quiso decir cuando se refirió a Chávez, como su “nuevo mejor amigo”. La verdad es que si analizamos los beneficios que personalmente Santos ha obtenido de lo que fue esa nueva relación, este ha debido llamarlo su “nuevo mejor hermano”, o su “nuevo mejor Santa Claus”.
Mientras Uribe destinaba parte del presupuesto del Estado para optimizar a las fuerzas militares de su país, y derrotar militarmente a las FARC como estrategia para lograr su rendición, Santos les reconoció el estatus de beligerancia, tal y como abogaba el Presidente Chávez en su momento, aceptando con esto la existencia de un conflicto interno en Colombia. Esta circunstancia por si sola eliminaba la calificación de “organización terrorista” adoptada por su antecesor y reconocida por muchos gobiernos del mundo, permitiéndole a la guerrilla negociar de tú a tú con el Gobierno colombiano. De allí en adelante se abrieron los caminos de la negociación entre el gobierno de Santos y las FARC, en la cual el Gobierno de Venezuela ha tenido un papel estelar. A pesar que la participación de Venezuela ha sido calificada como de facilitadora del proceso de paz, en la práctica ha venido actuando como el “padre de la criatura”. Adicionalmente a contribuir con el acercamiento entre la guerrilla y el Gobierno Neogranadino en Cuba, Venezuela le da amparo a la guerrilla, los alimenta, los mantiene, les facilita atención médica, y hasta les presta sus aviones para que aquellos líderes que quieran trasladarse a Cuba a conversar en dicho proceso, puedan hacerlo de una manera segura y cómoda.
La última medida tomada por el gobierno del Presidente Uribe en lo que respecta a Venezuela, fue denunciar a este gobierno en la Organización de los Estados Americanos por proteger y amparar a la guerrilla. Esta conducta asumida por los bolivarianos desde prácticamente el inicio del Presidente Chávez en 1999, además de violar todas las normas del Derecho Internacional, representaba una verdadera desgracia para un gobierno que quería terminar con la pesadilla en que convirtió las FARC a Colombia. Como sabemos, esta denuncia no solo fue infructuosa, sino que conllevo la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno revolucionario de Venezuela con Colombia. De allí que la primera estrategia de Santos al asumir la presidencia haya sido el lograr la reanudación de las relaciones entre ambos gobiernos. No solo lo logro, sino que le pareció muy natural y hasta provechoso el que la guerrilla vacacionara en territorio venezolano. Así, mientras en el gobierno de Uribe este intentaba limpiar su territorio de las FARC, en el gobierno de Santos este se ha conformado con meter a esta debajo de la alfombra.
Uno de los problemas más graves que mantenía Colombia con Venezuela era la deuda de este país con los empresarios colombianos, como consecuencia del control de cambio aplicado en Venezuela. Pues bien, en el año 2010 Santos logro el reconocimiento de dicha deuda por su homólogo venezolano y el pago de mil millones de dólares a los exportadores colombianos.
Todo iba viento en popa, hasta que el pasado año el Presidente Maduro descubriera lo que todos los venezolanos saben desde toda la vida, y es que la frontera de Venezuela si bien regularmente ha sido transitada por mujeres y hombres de bien, también lo es por delincuentes y miembros de grupos paramilitares y de la guerrilla, así como por guardias nacionales venezolanos y miembros de otras instituciones del Estado que impunemente han traficado con gasolina, alimentos y drogas por años. Es así que la mejor medida que se le ocurrió al gobernante venezolano no fue otra que cerrar la frontera entre Colombia y Venezuela, decretar Estado de Excepción en algunos municipios fronterizos y crear Teatros de Operaciones en dichas zonas para que los altos mandos militares controlaran estos territorios. Nunca había sido tan oportuna una denominación como esta de Teatros de Operaciones, porque si bien de operaciones pueda que no tenga mucho, lo del “teatro” les queda a la perfección: no solo el contrabando de gasolina desde Venezuela hacia Colombia ha continuado, sino que en ningún momento el gobierno bolivariano ha reconocido que dentro de las personas indeseables que vienen a Venezuela y que evidentemente las autoridades deben repeler- y no lo hacen- no solo están los grupos paramilitares, cuya existencia Maduro repite sin cesar, sino las FARC a las que nunca menciona ni por casualidad.
Pero en vez de poner orden en las respectivas fronteras, el gobierno venezolano escogió dinamitarlas. Algo así como el marido engañado que decide quemar el sofá en donde consiguió a la mujer adúltera.
A pesar de la negativa del Presidente Maduro a reconocer que en Venezuela existe una verdadera crisis humanitaria, este sabe que tiene el agua al cuello. Es por esto que como si de una obra de caridad se tratara, ha decidido reabrir la frontera entre ambos países y permitir el paso de los venezolanos hacia la tierra prometida, a fin de que adquieran en Colombia los productos que adrede el gobierno venezolano ha impedido que sus compatriotas produzcan. El hecho no es que los venezolanos puedan ahora adquirir productos que en Venezuela no se ven ni en fotografías, y que le agradezcan a Santos tanta nobleza. El caso es que con esta medida, que efectivamente sirve de aliviadero temporal para algunos, el Gobierno venezolano menos aún se verá obligado a intentar producir nada, más que miseria.
En los próximos meses se realizara en Colombia el plebiscito para consultarle a su pueblo si acepta la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Santos. Salvo que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, baje del cielo, el pueblo colombiano votara mayoritariamente a favor de la firma del Acuerdo. Para ello cuenta Santos con el desconocimiento de una sociedad, que cansada de tanta barbarie no se ha parado a recapacitar sobre la terrible realidad que los espera.
En el caso de Colombia, a la impunidad con la cual se beneficiaran los más desalmados cabecillas de esta organización guerrillera, se le unirá la posibilidad de sus miembros de hacer vida política en las instituciones en donde asesinaron a los padres, hijos y hermanos de sus futuros colegas. En lo que atañe a Venezuela, la consecuencia de este Acuerdo no es menos alentadora, y es que muchos olvidan que el tráfico de drogas, los secuestros, el sicariato, y el lavado de dinero, no depende de la franquicia que los identifique, sino de los fines criminales de quienes los ejecuten. Ahora se llaman FARC, y están en gran parte en territorio colombiano, pero mañana estarán en Venezuela y se llamaran de cualquier manera sin que sus delitos disminuyan, y sin que nadie pueda acusarlos oficialmente de cometerlos. Esto lo saben tanto Santos, como el Presidente de los EE.UU Barack Obama, y el mismo Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, personajes que han venido alentando dichas negociaciones. Para cuando las FARC estén en Venezuela haciendo vida estable, como lo hicieron durante más de 50 años en Colombia, ninguno de esos funcionarios estará en el poder, mucho menos Maduro. ¿Sera que terminaremos dándole las gracias también a Santos?