Representantes de las principales clínicas privadas de Nueva Esparta alertan sobre la delicada situación que atraviesan para garantizar la operatividad de los diferentes servicios, debido a que en 2013 el Ejecutivo nacional congeló los costos fijos de las clínicas privadas a través de la Providencia N° 294, la cual aún mantiene vigencia, por lo que las clínicas privadas no han podido realizar ningún ajuste en sus costos fijos desde hace más de tres años, reseña El Sol de Margarita.
Luis Díaz, presidente del Centro Clínico de Caribe y quien fungió como vocero del sector, destacó que durante este período el Gobierno ha aumentado el salario de los trabajadores en 1.002% y el bono de alimentación en un 4.620%, sumándole a ello una inflación acumulada que supera el 713%.
Los representantes de las clínicas señalan que como prestadores de servicios médico-hospitalarios, tienen la responsabilidad de mantener y reponer los equipos para garantizar una verdadera calidad de servicio, sobre todo en las áreas de quirófano, terapia intensiva y emergencia adulto.
De igual manera, deben contar con personal médico especializado durante las 24 horas, los 365 días de año.
Entienden la necesidad de establecer políticas de regulación de precios, pero con esta situación país y el alto porcentaje de inflación, les parece imposible mantener las políticas de congelación de precios, cuando existen variables tan severas como las antes indicadas.
Actualmente es muy fuerte la carga de la estructura de costos de las empresas de salud privadas, por lo que en la actualidad evalúan el posible cierre temporal de algunas áreas de servicio en la mayoría de las clínicas privadas; esto motivado al duro golpe que representan los recurrentes aumentos en el sueldo y bono de alimentación decretados, los cuales han comenzado a generar que el sector salud privado se descapitalice y ya algunas clínicas deban trabajar a pérdida.
Díaz señaló mediante un comunicado de prensa, que solicitan al Ejecutivo nacional designe a la brevedad posible una comisión técnica conformada por representantes de Sundde, Corposalud y de las clínicas privadas, con el fin de evaluar, en primer lugar, la actualización de los costos fijos establecidos en la providencia 294.
Igualmente exigen la asignación de divisas para la reposición de equipos médicos o importación de insumos. En tercer término, el trato especial en las políticas de racionamiento de los servicios públicos y, finalmente, también debería contemplar el no hacer esperar los traslados desde tierra firme relacionados con entregas de suministros al sector salud.