A un mes del anuncio del presidente Nicolás Maduro, el tercer aumento salarial de 2016 arroja un saldo de más de mil desempleados adicionales en el país. Más de 100 corresponden a la región zuliana, esto sin tomar en cuenta los pequeños comercios que se han visto obligados a recortar gastos debido al sustancial incremento, reseña La Verdad.
Así lo afirma Froilán Barrios, dirigente de la Unión de Acción Sindical del Zulia. El primer día de este mes, el sueldo básico de un venezolano pasó a ser de 15 mil 51,15 bolívares a 22 mil 576,60 bolívares. El cambio más significativo se registró en el bono de alimentación, pues las empresas, en lugar de pagar 18 mil 585 bolívares, están obligadas a otorgarles 42 mil 480 bolívares mensuales a sus empleados en cestatiques.
Barrios considera una “irresponsabilidad” que luego de decretado el aumento por parte de Maduro, el sector público no haya efectuado el pago correspondiente. “Efectivamente en el sector privado hemos constatado que se ha venido cumpliendo el pago inmediato del cestatique. Pero en el sector público no, sobre todo en alcaldías y gobernaciones que pagan todavía a 18 mil bolívares”.
Critica además que el primer mandatario haya ejercido esta acción sin el acompañamiento de medidas antiinflacionarias, pues el incremento de precios al consumidor para el mes de agosto fue de 26,9 %, acumulando 331,9 % para los primeros ocho meses del año.
Una cifra que -insiste- comprueba que un aumento de 50 % no es suficiente para la clase trabajadora si no se frena la inflación. “Mientras el Gobierno no reactive el aparato industrial ni detenga inflación, estos aumentos serán espejismos”.
“Efecto populista”
Las pequeñas y medianas empresas son las que padecen la mayor afectación por la modificación de su estructura de costos, explica Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras. Pronostica que en cuatro meses la nivelación quede pulverizada frente al gran índice de inflación que se avecina.
El empresario afirma que el Presidente persigue un “efecto populista” al elevar las remuneraciones básicas aproximadamente cada tres meses con el objetivo de mitigar la caída del poder adquisitivo de los venezolanos. “Esto causa un efecto perverso en las empresas, la dificultad es mayor”.
Martínez muestra su preocupación por las industrias que deben cumplir con el control de precios impuesto por el Estado. “Puede ser que se les revierta a ellos, que generen pérdidas y esto lleva a redimensionamiento, disminución de operaciones, de gastos, pérdidas de trabajo”. Esto podría acarrear un mayor nivel de desabastecimiento en el país, reitera, puesto que para este momento la industria funciona a 40 por ciento de su capacidad instalada.
Despidos
Trabajadores denuncian ante la OIT despidos por firmar en el revocatorio de:
400 empleados de Seniat
100 de Corpoelec
150 de Orinoco Iron
2.000 de alcaldías y gobernaciones