El Foro Penal Venezolano (FPV) denunció este lunes la demora de más de dos años de un proceso judicial en el que no se respetó el Estado de Derecho de cuatro jóvenes detenidos el pasado 8 de mayo de 2014 en el campamento instalado frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, y ahora por “incompetencia del propio tribunal” deben comenzar el juicio desde cero.
Nota de prensa
“A dos años, cuatro meses y 11 días de injusta prisión, Gerardo Carrero, Nixón Leal, Ángel Contreras y Carlos Pérez continúan privados de libertad sin haber gozado de un juicio justo. Dichos presos políticos decidieron no continuar asistiendo a las audiencias por considerarlas inútiles y viciadas. Este caso está repleto de injusticias y retardo procesal ya que por culpa de la fiscalía, de los tribunales y del sistema de justicia, el juicio fue interrumpido el pasado 13 de septiembre y ahora debe iniciar de cero, debido a los contantes diferimientos y falta de traslados. Esto constituye una verdadera tragedia, ya que el tribunal está imponiendo un castigo sin determinación de la verdad. Ellos deben ser liberados de manera inmediata, según el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), donde se establece que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”, exhortó Gonzalo Himiob Santomé, Director de Foro Penal.
Respeto a la posición de los jóvenes de no comparecer ante el tribunal, Himob Santomé argumentó que “no es la primera vez que esto pasa en Venezuela. En el año 1992, algunos personeros del gobierno consignaron en el tribunal que en su momento los juzgaba, un escrito en donde señalaban que el juicio era injusto y el juez estaba subordinado a las órdenes del presidente de la República (Rafael Caldera), razón por cual se negaban a comparecer a las audiencias y el tribunal avaló esta decisión sin que esto diera pie a sanciones. Entre los firmantes del documento estaba Hugo Rafael Chávez Frías y Diosdado Cabello. Ahora Carrero, Leal, Conteras y Pérez sostienen que no van a participar en un ‘teatro judicial’ en el que no se les ha respetado el derecho a la defensa”, señaló.
El abogado defensor de Derechos Humanos aseguró que el tribunal 12 de juicio además de violar el artículo 230 del COPP, también ha negado la libertad plena de estos cuatro jóvenes, algo que se repite constantemente con las personas privadas de libertad por razones políticas. “Ya apelamos a esta decisión del tribunal y estamos esperando respuesta”, informó Himiob Santomé, en rueda de prensa de este lunes en compañía de los familiares de las víctimas.
Por su parte, los familiares de los jóvenes aseguran que esto es una clara evidencia del ensañamiento que hay en contra de Gerardo Carrero, Nixón Leal, Ángel Contreras y Carlos Pérez, a quienes “la jueza Maria Eugenia Nuñez les ha negado la atención médica requerida ante sus problemas de salud al no responder a sus solicitudes”, aseveró Adriana Baduel, vocera de los privados de libertad.
Baduel recordó que en el caso de Carrero ha recibido tratos crueles e inhumanos. “Él ha sido torturado física y psicológicamente y las denuncias al respecto siguen impunes. Nuestro llamado es a que se haga justicia y liberen a estos jóvenes que son inocentes y ya tienen más de 2 años privados de libertad injustamente”, pidió en nombre de los familiares de las víctimas.
El pasado 14 de septiembre miembros de Foro Penal Venezolano denunciaron ante la Defensoría del Pueblo el grave estado de salud de salud de 35 presos políticos, informó al respecto, Alfredo Romero, Director Ejecutivo de Foro Penal Venezolano.
Por otra parte, Romero recordó que al día de hoy en Venezuela existen 96 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro. “Lamentablemente en Venezuela se ha roto por completo el Estado de Derecho. En el país no hay tribunales que acaten la Constitución y las leyes, sino que utilizan el sistema de justicia como mecanismo de persecución política. Prueba de ello es que actualmente hay 96 presos políticos. En lo que va de 2016 se han registrado 2.428 detenciones, lo que se asimila a las cifras del 2014, para un total de 6.521 personas que han sido arrestadas arbitrariamente desde enero de 2014”, detalló.