Habré tenido unos 8 años cuando tuve conocimiento referencial de lo que había sido la Seguridad Nacional, la temida policía política de Marcos Pérez Jiménez. En 1980 llegó definitivamente la televisión a color a Venezuela y por esos días mi mamá, aficionada a las telenovelas, me hizo acompañarla a casa de la vecina, que había comprado un equipo con la nueva tecnología. Fuimos a ver un capitulo de Estefanía, el dramático de RCTV que recreaba lo ocurrido durante esa dictadura militar. En mi mente quedó grabado para siempre la impresión de ver por primera vez esos colores en la TV, pero también el observar los atropellos que sufrieron muchos venezolanos por la actuación de la SN que reprimía sin límite a la disidencia. Hoy, analizando las denuncias sobre las inconstitucionales acciones del SEBIN, pienso en lo terrible que sería que en nuestro país se estuviera reeditando lo acontecido en esos oscuros tiempos.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) es un cuerpo de seguridad que, como los otros, debe regirse por lo establecido en la Constitucion y las leyes de Venezuela. Sus funcionarios no pueden detener, allanar, citar o realizar otro acto de investigación al margen de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo menos no dentro de los parámetros de una democracia.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 ninguna persona puede ser detenida sin que medie una orden judicial de aprehensión en su contra (previo derecho a la defensa) o si no ha sido encontrado in fraganti en la comision de un delito. En los casos de Coromoto Rodriguez, Alejandro Puglia, Yon Goicoechea, en el de los productores del video en el que aparece un GNB que está en la contención de una protesta en la calle, recibiendo un mensaje de texto de su hija, informándole sobre la escasez de alimentos y medicinas que existe en su casa (todos deberían verlo) y también en muchos otros casos, existen denuncias bien fundamentadas que indican que las detenciones no se han realizado dentro de las estipulaciones de la Carta Magna.
Por otra parte, la única institución que puede iniciar una investigación penal en Venezuela es el Ministerio Público. Así lo establecen los articulos 284 de nuestra Constitución y 265 del COPP. Por esto las citaciones que recientemente ha hecho el SEBIN al alcalde del municipio Mariño de Nueva Esparta y al alcalde del municipio El Hatillo, entre otros, en las que se indica que esa policia política ha “iniciado” una averiguación penal, resultan completamente inconstitucionales.
En los últimos días hemos visto también a funcionarios del SEBIN, encapuchados, grabando a personas como Mitzi Capriles de Ledezma y a la diputada Manuel Bolívar, entre otras. Esto también es completamente ilegal, ya que el artículo 66 de la Ley del Servicio de Policía señala que los uniformes policiales deben estar identificados con el nombre del funcionario, pero además que los policías están obligados siempre a “identificarse a solicitud de las personas”.
En un Estado de Derecho el Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales deberían ser los encargados de velar por la vigencia de la Constitución y ponerle coto a los atropellos de los cuerpos de seguridad en contra de los ciudadanos, pero desde hace tiempo el Poder Judicial está secuestrado por un partido político y se hace cómplice.
Estoy seguro que a estas alturas ya todos sabemos que el gobierno de Nicolas Maduro no respeta los preceptos constitucionales y que hace lo que le da la gana. Allí están los presos políticos, la vulneración de las competencias de la Asamblea Nacional, las trampas en el proceso del revocatorio presidencial y cientos de ejemplos más. Pero no por esto debemos dejar de determinar las irregularidades y protestar por ello.
Todos los estudios de opinión reflejan que el rechazo a Nicolas Maduro alcanza cifras cercanas al 80%. La represión y la persecución pareciera ser lo único que le queda. Pero más temprano que tarde el pueblo alcanzará el cambio que tanto anhela.
Twitter: @luisizquiel