Para el diputado Jony Rahal es claro que en Venezuela existe la intención de frenar el avance hacia un cambio de modelo, a través de lo que denominó una “justicia roja” que recrudece a medida que avanzan los días.
“Hay dos justicias. La justicia convencional que es ineficiente, donde reina la impunidad y la justicia roja para criminalizar la disidencia política”, aseguró Rahal, tras intervenir en el debate parlamentario sobre la persecución política contra alcaldes de distintas zonas del país.
Precisó que el gobierno “es muy diligente” a la hora de perseguir a quienes no comparten el proyecto de la llamada revolución. Dijo que a eso responde la situación de 3 mil estudiantes que actualmente tienen procesos judiciales abiertos y que están en libertad bajo régimen de presentación. También la notificación que recibió este martes el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, emanada de la Contraloría General de la República.
“También quieren reprimir, inhabilitar, y privar de libertad a Capriles. Nuestra solidaridad con el gobernador de Miranda, porque el gobierno está desesperado, le tiene pánico a la voluntad de la gente. Creen que reprimiendo a la alternativa democrática van a reprimir el cambio que se está gestando en Venezuela. Se equivocan”, dijo el parlamentario de Nueva Esparta, quien solicitó que el acuerdo aprobado por la plenaria de la AN se hiciera extensivo a los mandatarios regionales.
“Hoy existen 23 alcaldes de la alternativa democrática que tienen juicios abiertos desde 2014 y continúan abiertos. Vemos como por ejemplo que Enzo Scarano y también Daniel Ceballos fueron llevados a una sola audiencia en el TSJ, hubo sentencia definitivamente firme, violentando el debido proceso, violentando la doble instancia judicial. Fueron destituidos de sus cargos, sancionados, privados de libertad. Eso ocurrió con ellos… De 77 alcaldes de la Unidad, más de 30% tiene un juicio abierto, solo para amedrentar, para reprimir”, afirmó.
Recordó la situación en la que se encuentran Antonio Ledezma, alcalde electo para el Área Metropolitana que está bajo arresto domiciliario, así como lo ocurrido más recientemente con Delson Guarate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua y Warner Jiménez, en Monagas.
El parlamento cuestiona que se acentúe la criminalización de quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro y trajo a colación que a raíz del “cacerolazo” al primer mandatario nacional en el sector de Villa Rosa, en Nueva Esparta, surgen amenazas contra los alcaldes Richard Fermín, de La Asunción, y Alfredo Díaz, de Porlamar, así como a concejales y dirigentes juveniles de Primero Justicia.
“Podrán meter presa a toda la dirigencia de la alternativa democrática, pero nunca van a poder detener esta gesta que está sembrada en millones de venezolanos, que están cambiando a Venezuela y que perdieron el miedo”, manifestó.
Nota de prensa