La casi segura victoria del Sí en el plebiscito que hoy se realiza en Colombia debe terminar de sellar el acuerdo de paz entre las autoproclamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De esta manera se le estaría poniendo fin a un conflicto de más de 50 años que dejó cerca de 220.000 muertos y millones de desplazados en el vecino país. El desarrollo futuro de este proceso debe ser observado con cuidado de este lado de la frontera, ya que existen antecedentes que indican que la pacificación del mayor grupo guerrillero puediera traer un incremento de la criminalidad en nuestro país.
En efecto, en 2006 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizacion paramilitar que surgió en los años 90 para combatir a los grupos guerrilleros, concretó un acuerdo de desmovilizacion durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En esa oportunidad el pacto alcanzó a más de 30.000 combatientes. Luego de culminado el proceso, miles de exintegrantes de esta organización, que no quisieron o no pudieron encontrar un espacio productivo en la sociedad, se rearmaron, se unieron con otros combatientes que nunca se desmovilizaron y conformaron pandillas delictivas que se desperdigaron por varios departamentos colombianos. Estas asociaciones criminales son conocidas como las “Bacrim”. Entre las más relevantes están “el Clan Úsuga”, las “Águilas Negras”, “Los Puntillos”, “Los Pelusos”, “La Empresa”, “La Oficina de Envigado”, los”Urabeños” y los “Rastrojos”. Como era de esperarse, varias de estas “Bacrim”, aprovechando la falta de vigilancia en nuestras fronteras, extendieron su accionar al territorio venezolano, principalmente a los estados Táchira, Zulia y Apure, donde hoy es frecuente que cometan homicidios, secuestros, extorsiones y actividades de narcotrafico, entre otras fechorías.
En el actual proceso de paz con las FARC se estima que cerca de 6.000 hombres se desmovilicen inicialmente. Progresivamente el número pudiera alcanzar los 15.000. Cuántos de estos guerrilleros, acostumbrados a utilizar armas y a vivir por años de actividades como el secuestro, el robo, la extorsión y el narcotrafico, serán capaces de integrarse con éxito a la sociedad colombiana, es una interrogante imposible de responder. La experiencia negativa del proceso de desmovilización de las AUC debería servirle al gobierno colombiano para manejar de mejor forma el posconflicto con las FARC, pero eso está por verse.
El gobierno venezolano, si fuese responsable, debería estarse preparando para prevenir que la desmovilización de las FARC no se traduzca en un incremento de la delincuencia en nuestro territorio. Pero ya sabemos cómo actúan los que hoy están en el poder.
Twitter: @luisizquiel