¿Podría alguien a estas alturas dudar que la nación retrocede de una democracia formal a un autoritarismo puro, después de pasar por el incipiente autoritarismo competitivo iniciado por Hugo Chávez? Estudiosos de la política con énfasis en los sistema de gobierno, como los profesores estadounidense Steven Levitsky y Lucan A. Way se han referido a las características de estos procesos que, originalmente sustentados en las garantías que ofrece la democracia, se van progresivamente transformado para convertirse en auténticos regímenes totalitarios o dictaduras. ¿Y quién duda que en ese camino estamos hoy?
Por Juan José Moreno A. / @JJMorenoA
Los citados autores llaman sistemas “híbridos” los modelos como el instaurado en Venezuela, donde de alguna manera no podríamos afirmar tajantemente que entramos a la fase del autoritarismo puro, aunque los últimos acontecimientos apuntan hacia una radicalización tal del proceso que muchos califican hoy día de dictatorial. Y aun cuando podemos hacer uso de medios como el que nos brinda el portal La Patilla, lo que bien interpretaríamos como uno de los escasos escenarios para la libre expresión del pensamiento que nos van quedando a los venezolanos para conservar la fachada democrática de lo que nos va dejando el régimen como país, el temor generalizado es por la pérdida total de las garantías constitucionales.
La ruina del Estado y la pobreza progresivamente extendida hacia la mayoría de la población, como estrategia propias de los regímenes totalitarios y dictatoriales al estilo castro-comunista, son los primeros escenarios del autoritarismo que saltan a la vista. Después le siguen los de la ilegalidad, enfilada en primer lugar hacia la violación de los derechos humanos, que incluye la persecución y represión contra la disidencia, así como la ejecución de juicios amañados con fabricación de expedientes basadas en pruebas falsas para criminalizar a los opositores; y ejecuciones extrajudiciales (sumarias o arbitrarias), como la cacería indiscriminada contra personas representadas en este caso concreto en las llamadas OLP, expresamente condenadas por la ONU.
Los más recientes acontecimientos, vinculados con la decisión del régimen de asumir directamente las funciones que la Constitución de la República asigna a los distintos órganos del Poder Público Nacional, suceden en ese tablado que ocupa la ilegalmente conformada Corte Suprema de Justicia, que contraviniendo lo estipulado en la nuestra carta magna (Título VIII, Capítulo I, Artículo 335) le señala la obligación de garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y principios gubernamentales”. Sin embargo, en el más descarado proceder anticonstitucional, usurpa la función de la Asamblea Nacional de someter a su consideración los presupuestos de la nación y, muy probablemente como se anuncia, la negación del derecho ciudadano de elegir y/o revocar sus gobernantes, simplemente porque así lo decidió el Presidente de la República. Cabe en este sentido advertir también, lo establecido en el artículo 138 de la vigente Constitución (título IV, capítulo), según lo cual “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”
Dentro de este orden de ideas relacionadas con la usurpación de funciones atribuidas al TSJ, surge del anuncio de los principales voceros del régimen que abiertamente declaran el auténtico golpe de Estado contra la institucionalidad y la democracia en Venezuela, ese tinglado que constituye el llamado Congreso Patriótico, que según la pretensión de los nuevos aspirantes a dictadores, sus integrantes nombrados a dedo por la dirigencia del PSUV, darían la aprobación final al presupuesto de la nación para el 2017, en sustitución de la actual Asamblea Nacional elegida en formalísimo proceso electoral por la mayoría de los venezolanos.
Los otros teatros son harto conocidos: un Consejo Nacional Electoral que, contrario al mandato constitucional de brindar las mayores facilidades a la población para ejercer su derecho a elegir y/o revocar sus mandatarios y representantes ante los órganos de participación popular, se convierte en el principal obstáculo para impedir el ejercicio de esos derechos constitucionales; una Fuerza Armada trastocada en su función de garantizar la soberanía nacional, para asumir las que corresponden a la institucionalidad civil del país, al ocuparse de las actividades de distribución de alimentos y de la seguridad pública de los ciudadanos; y un Sebín, cual órgano represivo que nos hace recordar a la extinta Seguridad Nacional, en sus evidentes actuaciones intimidatorias, de tratos inhumano contra los apresados, y fraudulentas, como vincular con actividades golpistas a líderes de la oposición democrática como las que involucra, entre otros, a Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, Yon Goicochea y, más recientemente, a Carlos Ocariz.
Pero frente a los mencionados y otros creados por el régimen para garantizarse su pretendida perpetuidad en el poder, nos quedan escenarios a los que los venezolanos debemos hoy aferrarnos y defender: en primer lugar, al representado por este gran público que constituimos todos quienes nos ubicamos en el campo de la oposición democrática y que hemos decidido rescatar el rumbo institucional hoy secuestrado, mediante el ejercicio de su derecho constitucional al voto y el referéndum; los pocos medios de comunicación colectiva que heroicamente se resisten al acoso, chantaje y manipulación que los personeros del régimen tratan de imponerles con el fin de coartar la libertad de expresión que a través de ellos podemos aún ejercer y, finalmente, esas institucionales de los distintos ámbitos internacionales que hoy actúan como denunciantes y en defensa de una población a extremos inhumanamente maltratada por una camarilla que se resiste a perder la fuente de fácil riqueza que les representa el poder gubernamental.
@JJMorenoA