El 20 de abril el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción para “distribuir los alimentos directamente al pueblo”. A seis meses de haber sido instaurados, el gobierno impone a los beneficiarios nuevas condiciones. La primera: completa lealtad con el proceso. De no ser así, habrá sanciones como la suspensión de la entrega de bolsa de alimentos durante tres meses.
Varios consejos comunales en Los Magallanes de Catia fueron convocados a una reunión el sábado 6 de agosto, en la que estuvieron presentes el jefe de zona de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y una funcionaria de la Defensoría del Pueblo para “bajar los nuevos lineamientos a las comunidades”.
Una representante de uno de los consejos comunales informó, durante ese encuentro, que PDV-Mercal había cambiado las reglas para la compra. Desde el 1° de septiembre quedaron prohibidas las colas cerca del centro de expendio. La situación obedecía a que las personas se quejaban del gobierno dentro de un comercio público, lo que no les gustaba a los gerentes y dirigentes afectos al oficialismo. Precisó que las sanciones serán individuales y colectivas.
“Yo entiendo que no quieran al gobierno. Yo sé quiénes son de oposición y no se les niega el acceso al beneficio. Los respeto, pero cómo se van a poner a hablar mal del gobierno en los espacios del Mercal. Si eso pasa, la persona será suspendida por tres meses, pero si la situación continúa será sancionado todo el consejo comunal”, advirtió la responsable de alimentación del consejo.
Otra penalización que sería impuesta a quienes hagan público su descontento contra el gobierno es sacarlos de la data y obligarlos a adquirir los productos en jornadas a cielo abierto. “Eso podría ser horrible porque allí no hay control ni temporalidad”, agregó.
Por un asunto de seguridad, los consejos comunales recomendaron a los ciudadanos salir en grupo hasta sus hogares para evitar ser víctimas del robo de la comida, pues en jornadas anteriores se han presentado casos.
El jefe de la UBCh notificó que el pago de la bolsa es en efectivo, debido a que el punto para tarjetas y el sistema biométrico nunca tienen conexión. “El combo no pasa de 5.000 bolívares, pero quienes quieran llevar pollo u otros productos adicionales deben pagarlos aparte”.
El dirigente oficialista recalcó que los CLAP son una estrategia del gobierno con el fin de afrontar la guerra económica impulsada por “los sectores de la derecha internacional para frenar los avances de la revolución bolivariana que tantos beneficios trae a las zonas humildes”. Llamó a los ciudadanos a mantener la moral en alto y recordó que son los empresarios quienes acaparan y especulan con “el hambre del pueblo”.
La funcionaria de la Defensoría explicó que no toda persona califica como discapacitado para entrar de manera preferencial a la entrega de las bolsas. “Si una persona joven sufrió un ACV y no presenta una complicación posterior tiene que hacer su cola. Lo mismo para el que sufra de la columna. El que venga debe tomar sus previsiones”.
La defensora recordó que Mercal nació cuando 30% de los venezolanos no tenía acceso a los alimentos. “Esta cifra disminuyó gracias al gobierno y ahora la situación de escasez es coyuntural”.
Discriminación y amenazas. Los beneficiarios de las bolsas de comida que reparten los consejos comunales de Simón Rodríguez, Parque Central en Caracas y Cumaná, estado Sucre, afirmaron que la militancia del PSUV y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, incluidas en los CLAP, les instruyeron sobre las nuevas reglas de adhesión plena para recibir el beneficio.
Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores y residente de Parque Central, destacó que en las reuniones del consejo comunal y en visitas apartamento por apartamento los oficialistas han amenazado con no entregar los alimentos a los que critiquen al gobierno.
“En la comunidad de Parque Central, la directiva del consejo comunal da las bolsas a quienes muestren un pase expedido por el PSUV, y para que no se vea la cola, la distribución se hace en los sótanos de los edificios”, señaló Máspero.
Roger Palacio, dirigente de la Unete, explicó que en su comunidad, localizada en las afueras de Cumaná, suspendieron las bolsas desde hace 5 meses porque los vecinos se quejaron de que llegaron incompletas. Pagaron 3.400 bolívares por 3 y 2 paquetes de harina de maíz y arroz, respectivamente, medio kilo de azúcar, un litro de aceite, un rollo de papel higiénico y una lata de atún de 140 gramos.
Destacó que el contenido de las bolsas evidencia la caída de la producción nacional, dado que muchos de los productos vienen de Brasil, Nicaragua, Uruguay y Colombia. “También cuestionamos la discriminación, mediante impedimentos en la entrega, hacia los considerados por el oficialismo como escuálidos”, denunció el sindicalista.
Residentes de Simón Rodríguez, que solicitaron no mencionar sus nombres, contaron que después de la marcha opositora en Caracas el 1º de septiembre y los cacerolazos sucesivos, representantes de los consejos comunales les notificaron que no habría más bolsas. “La advertencia se la hicieron verbalmente a cada vecino que veían. No es casualidad que en septiembre y lo que va de octubre no hubo repartición de las bolsas de alimentos de los CLAP”, contó un habitante.
“El fin de semana pasado vendieron una bolsa sellada de carne a 6.500 bolívares. Algunos oficialistas, con tono amenazador-conciliador, nos dijeron que no volviéramos a cometer más locuras”, indicó otro vecino.
La Cifra
21.000 Comités Locales de Abastecimiento y Producción habrá en Venezuela a finales de 2016, informó el presidente Nicolás Maduro. En septiembre, operaban 14.000 CLAP