A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cuatro funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por su presunta responsabilidad en la muerte del trabajador del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) Francisco Antonio Zambrano Fuentes (35). Así lo reseña la página web del Ministerio Público
Tal hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre en la sede de la citada policía científica, ubicada en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.
En la audiencia de presentación, el fiscal 4º del referido estado, Mario Magin, imputó a Marwin José Herrera (24), Yorman Alexander Delgado (22), Anderson Alejandro Mirabal (24) y Daniel José Sanz (23), por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en grado de coautoría, así como privación ilegítima de libertad, previstos y sancionados en el Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el fiscal del caso, el Tribunal 3º de Control de Amazonas dictó la medida privativa de libertad para Herrera, Delgado, Mirabal y Sanz, quienes permanecen recluidos en el Cuerpo de Policía del estado Amazonas, ubicado en el municipio Atures.
El citado día en horas de la tarde, Zambrano se encontraba en el sector Puente Loro, cuando presuntamente fue detenido por los referidos funcionarios, quienes lo trasladaron hasta la sede del Cicpc subdelegación Puerto Ayacucho, para entrevistarlo por una investigación.
Zambrano se comunicó con sus familiares y les comentó lo sucedido, razón por la cual estos se trasladaron hasta la sede del citado cuerpo de seguridad, donde les prohibieron la entrada.
En este sentido, el fiscal se acercó hasta el lugar del hecho, donde fue informado que la víctima había sido trasladada al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en la misma ciudad. En el centro asistencial se notificó que Zambrano había fallecido producto de una asfixia mecánica.
Por este motivo, los cuatro funcionarios fueron aprehendidos ese día en su lugar de trabajo y puestos a la orden del Ministerio Público.