El principal conflicto de este tema tan particular proviene de cuando un ciudadano decide optar por cargos de función publica de elección popular, para ser más específicos, aquellos que gozan de una notoriedad clave para la comunidad internacional, desde alcaldes o intendentes, gobernadores y presidentes, que pueden afectar con esa condición la geopolítica global, de hecho campañas electorales se han visto inmersa en medio de ese polémico debate, incluso en áfrica donde el actual presidente de Costa de Marfil, Alassanne Ouattara, fue excluido en elecciones anteriores bajo alegatos de “nacionalidad dudosa” porque su padre nació en Burkina Faso, situación que luego pudo aclarar al demostrar que todo era territorio de la antigua federación denominada África Occidental Francesa (AOF), pudiendo finalmente competir y derrotar a su antecesor, en las recientes primarias republicanas en los EEUU, se suscito una polémica similar con el precandidato presidencial Ted Cruz, nacido en Calgary territorio canadiense, de padre cubano pero de madre estadounidense, lo cual le hace natural de ese país, por lo que no debían existir conflictos constitucionales en su nominación, aunque para evitar mayores debates el propio Cruz decidió mostrar su partida de nacimiento y desde 2014 renunció a cualquier vinculo de nacionalidad con Canadá, por cierto el ganador de esas primarias el magnate Donald Trump también increpo al presidente Barack Obama años atrás poniendo en tela de juicio su origen norteamericano, situación que fue saldada con la publicación del certificado de nacimiento de Obama que lo ubicaba en Hawái.
La nacionalidad es un tópico álgido cuando se trata de las funciones de gobierno, en algunos casos con sentido estricto, en otros hay mayor laxitud, en Irán en 2011 fue destituido el jefe y gerente de una de las principales empresas petroleras, al poseer doble ciudadanía, figura que en ese país no es aceptada y el negocio del petróleo es controlado por el estado, lo mismo paso no hace mucho en Indonesia, cuyo presidente Joko Wikodo desincorporo al ministro de energía Arcandra Tahar al detectarse que también poseía la ciudadanía estadounidense, ya que según la ley, un indonesio debe renunciar inmediatamente a su nacionalidad si adquiere pasaporte de otro país, en Perú, su actual presidente Pedro Pablo Kuczysnki también tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense para evitar males mayores en su proyecto presidencial, y de hecho, el debate es permanente sobre este tema, pues involucra a los capitanes de barco o asistentes en el navío de los intereses de las naciones. Por deliberaciones semejantes en mayor o menor importancia o razón, han pasado también Mauricio Macri, Daniel Scioli, Albert Fujimori, Ricardo Martinelli, Carlos Andrés Pérez, entre algunos más.
Pero sin duda, hay un par de casos que requirieron profunda atención, por el contexto, la complejidad de los orígenes, y el contraste evidente en el manejo de sus respectivas crisis, es el caso de los Maduro, y no se corresponde al apellido de una sola familia en el poder central, de hecho se presentaron en latitudes diferentes, el primero de ellos Ricardo Maduro Joest, presidente de Honduras entre 2002 y 2006, quien nació en Panamá, de padre panameño y de madre hondureña que aunque nacionalizada en los ochenta, poseía ese derecho también por parte de su madre, es decir, la abuela del que seria a la postre mandatario de los hondureños, pues ella si había ostentado desde nacida la ciudadanía de honduras y como ingrediente adicional fue casada con un alemán, razón por la cual Maduro Joest también obtuvo dicha nacionalidad luego de su madre; pareciendo esto un rompecabezas evidentemente, pero bajo el orden jurídico de la época le daba la plena posibilidad de acceder a la nacionalidad hondureña natural, sin embargo, este visible enredo sirvió a sus rivales políticos para en una primera instancia impedir su candidatura a la presidencia, ya que el tribunal nacional de elecciones le califico como panameño, no nacido en honduras, lo que le obligo a deponer temporalmente sus aspiraciones, para emprender una campaña nacional con liderazgo político y argumentos claros que demostraban la legalidad de su origen, finalmente y a instancias del entonces presidente Flores, el 3 de noviembre del 2000 los principales líderes de los partidos oficialistas y de oposición firmaron un acuerdo patriótico para el establecimiento de una comisión especial de juristas que dictaminara sobre la nacionalidad del precandidato liberal, cuyo resultado le fue favorecedor, acatado también por las autoridades electorales, cumpliéndose así todos los requisitos constitucionales para que en cuestión de meses y votos se convirtiera en presidente.
El segundo caso, el del otro Maduro, es aun más impresionante, Nicolás Maduro Moros, convertido en presidente de Venezuela como sucesor de Hugo Chávez, dice haber nacido en Caracas, pero él mismo, y voceros de su partido en alocuciones publicas se contradicen en cuanto al lugar de ese hecho, su madre es de origen Colombiano ya certificada por la registraduría de ese país, con su padre no hay claridad tampoco, la partida de nacimiento del presidente hasta esta fecha no le ha sido mostrada a nadie, mas allá de un programa de televisión donde aparece la principal rectora del Consejo Nacional Electoral mostrando una aparente partida venezolana, sobre ello hay una investigación abierta en la asamblea nacional a solicitud de indagaciones expuestas por la diputada Melva Paredes, en solicitud de un decreto legislativo propuesto por Enrique Aristigueta Gramcko que dejaría sin efecto la juramentación de Nicolás Maduro como presidente, de no presentar al parlamento su partida de nacimiento venezolana, destacando un informe que muestra las diversas irregularidades del origen del presidente, testimoniales que ubican a su familia radicada en Cúcuta en la época cuestionada, consecución de los números de identificación de cedula de los hermanos de presidente y del suyo propio, desaparición de los registros de la clínica donde se dice nació, coincidiendo con una suspicaz actitud presidencial de no tocar el tema ni mostrar la tan requerida partida, agregándole a la controversia sentencias del tribunal supremo de justicia influenciado por el ejecutivo, que pretenden hacerlo venezolano por orden judicial, sin necesidad de verificar sus datos filiatorios, cuando expresamente la constitución venezolana prohíbe al presidente, ministros, e inclusive a gobernadores y alcaldes fronterizos tener doble nacionalidad, por lo que al menos para tranquilidad de los venezolanos y cabal cumplimiento de su orden normativo, debería mostrarse como se mostró en los casos anteriores la partida de nacimiento, lo contrario es seguir dejando en el campo de la duda, la incertidumbre y la oscuridad un tema fundamental para el porvenir de la sociedad, en lo lamentable de no tener certeza de donde es, ni que identidad real tiene un presidente, ni de saber a que intereses obedece un secreto de esa magnitud.
Daniel Merchán M
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