Este martes se discutió en la Asamblea Nacional sobre la quinta prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica y, luego de que los diputados Héctor Rodríguez y Rafael Guzmán casi se fueran a las manos, fue aprobada una moción en rechazo a dicho decreto.
El debate lo abrió Humberto García, presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, quien señaló que no hay racionalidad alguna en que este instrumento pueda resolver los problemas económicos del país.
El académico explicó que era difícil hacer un análisis preciso sobre si este decreto ha cumplido las expectativas pues el Banco Central de Venezuela no cumple con su obligación de publicar los datos sobre el funcionamiento de la economía. Pero acudiendo a estimaciones e indagaciones de cifras disponibles, claramente se demuestra que la situación económica ha empeorado.
“Este decreto parte de tres premisas falsas: una que la economía se puede manejar a voluntad, dos la supuesta guerra económica, y tres, creer que el desabastecimiento es un problema de logística que se puede resolver poniendo a militares al frente”, dijo en su exposición.
García agregó que este tipo de mecanismos generan distorsión en los precios e incertidumbre, asfixian la actividad productiva y destruyen la confianza en ella, en un país donde no hay divisas para solventar esa caída.
Se pretende resolver los padecimientos como el desabastecimiento, la caída en el salario real y el creciente empobrecimiento con el mismo instrumento que los causó. La intervención discrecional sin rendir cuentas, obviando leyes de economía y creyendo que no hay racionalidad en ellas, es lo que ha destruido la economía”, sentenció.
Por su parte, el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alfonso Marquina, reiteró que esta es la quinta prórroga decretada y propuso votar en contra de esta medida por considerar que el instrumento atenta contra la calidad de vida del venezolano.
“¿Para qué ha servido ese decreto de emergencia económica?, el gobierno ha utilizado este decreto para agravar aun más la crisis económica que ha generado(…) ha utilizado ese decreto para tratar de apagar el fuego echándole más gasolina”, declaró.
Marquina sostuvo que se necesitan 18 salarios mínimos para que la familia venezolana pueda acceder a la Canasta Básica Alimentaria. “A principios de este año la canasta era de 93 mil bolívares, hoy 10 meses después del decreto, la canasta está en 542 mil”.
El parlamentario por el estado Lara, Luis Florido, aseguró que luego de cinco prórrogas, “la economía venezolana es un barco a la deriva”
“¿Cómo se logran inversiones para el país cuando hay riesgos para la propiedad y la producción?”, preguntó haciendo referencia al “riesgo país”.
Asimismo, propuso retomar la propuesta del Referendo, pero popular: “Que sea la recolección de firmas en la calle. Que logremos motivar a 7.000.000 de firmas para decirle a Maduro usted está revocado en la calle”.
Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón indicó que este decreto no ha producido nada, por lo que presentó una moción de rechazo a una nueva prórroga.
“Los recursos del país no son del Presidente ni de ningún partido, la AN es el único ente que puede aprobar o rechazar el decreto”, dijo.
En ese sentido, el parlamentario por el estado Monagas, Piero Maroun, agregó que la verdadera finalidad del decreto es no decirle al pueblo a dónde van los recursos de la nación. “Lo único que está en emergencia económica es el bolsillo de los venezolanos”
El diputado Guzmán agregó que el Gobierno pretende utilizar este mecanismo para cubrir los desastres en la economía.
“Nicolás Maduro pretende violar el estómago de los venezolanos con este Decreto de Emergencia”, dijo.
Mientras que Hugbel Roa, diputado por la minoría parlamentaria, aseguró que gracias al decreto de emergencia se ha podido mantener la paz en el país y que el consumo de alimentos en la población se ha reducido solo un 5%.
Rodríguez, por su parte, dijo que en efecto venezuela vive una emergencia económica. Recordó que la opocisión reconoció la guerra económica en el acuerdo que arrojó la mesa de diálogo y se comprometió trabajar en conjunto con el Gobierno para salir combatir la situación.
El segundo punto que estaba contemplado en el orden del día (Informe sobre las presuntas irregularidades administrativas, cometidas el contra del patrimonio público por parte Rafael Ramírez, ocurridas en Pdvsa), quedó diferido para mañana.