El diputado Luis Emilio Rondón considera que el decreto de emergencia económica del presidente de la República Nicolás Maduro, ha sido nulo, “su resultado es una hoja en blanco”, porque no ha resueltos los problemas de los venezolanos que están enfrentando una “tragedia económica”.
Nota de prensa
Así lo manifestó el diputado por el Estado Nueva Esparta durante el debate sobre Consideración de la Prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, solicitado por el Ejecutivo Nacional.
“Nada ha producido ese decreto para el beneficio del pueblo venezolano que le permita enfrentar la crisis. Sabemos que ustedes comerán hallacas en diciembre con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, mientras los venezolanos no podrá hacerlo, porque está pasando trabajo y necesidad”. Subrayó el diputado Rondón.
Destacó que la Constitución venezolana establece la facultad de la Asamblea Nacional para prorrogar o no el Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción. “Cosa que se ha hecho indebida, irregular e inconstitucionalmente en el contubernio que han mantenido la Sala Constitucional del TSJ y el Poder Ejecutivo, en detrimento del Estado de Derecho de las disposiciones, tal cual plantea el texto constitucional”.
Indicó que en la mesa de diálogo se planteó la necesidad de trabajar conjuntamente para buscar soluciones a los problemas del país, cosa que el gobierno desestima. “Trabajar en conjunto es entre dos. No puede el presidente mandar unilateralmente una decisión a esta Asamblea para que sea aprobada, como se la aprobaban en Asambleas anteriores que presidia Diosdado Cabello y donde no participaban los diputados del PSUV en los fondos de los asuntos, porque tenían que cumplir con la orden de aprobar todo que les pusieran por delante”.
Luego leyó el acuerdo donde la Mesa de la Unidad Democrática justifica su rechazo al Decreto de Emergencia Económica, por inconstitucional, primero porque solo se podía prorrogar una vez y el Presidente Maduro va a gobernar en base a ese decreto, obviando la competencia que tiene constitucionalmente la Asamblea Nacional.
El acuerdo establece que el decreto de Emergencia económica es un fraude a los límites temporales que la Constitución fija a los Estados de Excepción. Se desconoce facultades inderogables de la Asamblea Nacional relacionadas con el control político, presupuestario y sobre los contratos de interés público. El decreto contiene una habilitación general para adoptar medidas distintas a las señaladas, con lo cual favorece una extensión y concentración de poderes inadmisibles en un Estado de Derecho.
Rechazan así mismo la prórroga del decreto de Emergencia Económica porque contiene una facultad genérica para restringir garantías constitucionales, lo cual coloca a los derechos humanos en serios riesgos de vulneración e infringe abiertamente la Constitución, la ley Orgánica de Estados de Excepción y los tratados internacionales sobre derechos Humanos ratificados válidamente por Venezuela.
Destacan que en ninguno de los decretos: 2.452 y el 2.548 hacen mención a los controles internacionales a los que debe quedar sujetos, como sucedió con los anteriores decretos de Emergencia Económica adoptados el 14 de enero de 2016 y su prorrogas, que tampoco fueron remitidos al Secretario General de la Naciones Unidas como ordena el pacto internacional de Derechos Civiles y Político. Por último rechazan la reiterada política económica errada del gobierno que ha llevado al país a una situación de deterioro en términos de caída de la actividad económica, inflación, deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, pensiones y jubilaciones, desabastecimiento de alimentos y medicinas.