En días pasados fuimos testigos, una vez más, de cómo el Tribunal Supremo de Justicia y más específicamente su Sala Constitucional, actuó como el bufete particular de la dictadura, prohibiendo a la Asamblea Nacional retomar la discusión para establecer la responsabilidad política del Presidente Nicolás Maduro sobre la actual crisis que atraviesa el país, violando así el acuerdo pactado el fin de semana en la mesa de diálogo en el que el gobierno se comprometía a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional.
Pero más grave aún, es el decreto de prohibición a convocar y realizar actos que “alteren el orden público, realizar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones violatorias de los derechos constitucionales y del orden jurídico en general” una sentencia que deja leer las claras intenciones de la dictadura de impedir la protesta civil, pacífica y constitucional de la mayoría de los venezolanos que exige un cambio de gobierno urgente en nuestro país.
La dictadura sabe que tiene sus días contados, porque desde hace rato que se quedó sin apoyo de los venezolanos, porque ahora la comunidad internacional y una institución con más de 2 mil años de antigüedad como el Vaticano miran con atención lo que sucede en Venezuela, y muy especialmente porque en innumerables oportunidades hemos demostrado que los venezolanos ya sabemos lo que queremos, y no hay nada capaz de detener a un pueblo que ya decidió cambiar, porque estamos determinados a reconquistar la democracia y la libertad en nuestro país.
Los integrantes de la revolución, saben que tienen sus días contados, porque saben que de la misma forma en que no alcanza el dinero de los venezolanos, a ellos el oxígeno que podrían haber conseguido sentándose en la mesa de diálogo no alcanza para calmar los ánimos de quienes hacen largas colas por horas en supermercados tratando de llevar comida para sus hijos, ni el de las madres desesperadas consiguiendo medicinas para sus niños enfermos.