La policía de Sao Paulo detuvo este martes a 35 personas, entre ellos 32 abogados y el vicepresidente de un organismo de defensa de los derechos humanos, acusados de colaborar con un grupo criminal que opera en los presidios de Brasil.
AFP
Tras un año y medio de pesquisas, los investigadores hallaron pruebas de que estos letrados utilizaban sus credenciales para ejercer de correo entre 14 líderes en prisión del poderoso Primer Comando de la Capital (PCC) y sus enlaces en el exterior.
A través de sus abogados, el PCC pretendía infiltrarse en el Consejo estadual de defensa de los derechos de la persona humana de Sao Paulo (Condepe), un órgano vinculado a la secretaria de Justicia pero que actúa de forma autónoma.
En su labor, los miembros del Consejo tienen acceso tanto a las prisiones como a documentos de las administraciones para investigar y formular sus denuncias.
“Con esta estrategia, trataban de colocar sus tentáculos en los Derechos Humanos solo para desestabilizar a las fuerzas de seguridad de Sao Paulo”, aseguró este martes el subprocurador general de Justicia, Mario Luiz Sarrubbo, en rueda de prensa.
Al no conseguir meter a dos de sus abogados en el Consejo, los delincuentes se acercaron entonces a su vicepresidente, Luiz Carlos dos Santos, al que habrían pagado alrededor de 130.000 reales (38.700 dólares al cambio).
Su tarea, según los investigadores, consistía en usar su cargo para esparcir informaciones falsas sobre supuestos abusos cometidos por la policía.
“Si plantas noticias que manchan la imagen de la policía, estás favoreciendo la criminalidad”, afirmó el secretario de Seguridad del estado de Sao Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, al explicar la operación.
Sorprendidos por la detención de Santos, desde el Condepe anunciaron que aguardarán el resultado de la investigación, al tiempo que destacaron su larga trayectoria.
Aunque ahora la mayor preocupación del Consejo, según afirmó su presidenta, Nazaré Cupertino, es el destino de las informaciones que contiene el computador que usaba Santos en el Codepe, requisado este martes junto a otro portátil.
Allí se encontrarían declaraciones protegidas de personas que denunciaron abusos de la policía, así como otras investigaciones.
“Él mostró mucha preocupación, cree que tal vez se trate de una represalia contra él, contra las acciones que lleva a cabo en relación a los derechos humanos y a las técnicas policiales”, afirmó su abogado, Carlos Alberto Miramontes, al diario Folha de Sao Paulo.
Otras organizaciones del sector manifestaron igualmente su inquietud.