El diputado y vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, Armando Armas, exige que se aplique todo el peso de la ley a los 16 militares implicados en las masacres ocurridas este mes en Cariaco (Sucre) y Barlovento (Miranda), donde 21 personas fueron vilmente asesinadas.
Nota de prensa
Informó que solicitará en el seno de la referida comisión parlamentaria, que se investiguen ambos casos, a fin de que los organismos judiciales actúen con celeridad y que no haya impunidad.
Armas indicó que el pasado viernes fueron hallados en una fosa común, los cuerpos de 12 campesinos desaparecidos desde comienzo de octubre en una zona montañosa de Barlovento, y se determinó la responsabilidad de 11 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que actuaron en la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en esa zona. Mientras que el Ministerio Público logró la privativa de libertad de cinco funcionarios adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) por estar presuntamente involucrados en la muerte de nueve hombres, ocurrida el pasado 11 de noviembre en el sector Porvenir de Cariaco.
“Esto evidencia el peligro de militarizar y dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad ciudadana, por el sólo afán del gobierno de mantener el control. No es la primera vez que funcionarios del Ejército han sido señalados en casos de detenciones arbitrarias, allanamientos, desapariciones y ejecuciones”.
Armando Armas, quien también preside la subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la AN, dijo que son constantes las denuncias de los familiares de las víctimas por violación de derechos humanos durante los operativos que dirige el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol. “Han aplicado 24 planes y todos han fracasado. Según estadísticas internacionales, Venezuela es el segundo país más violento del mundo, al tener una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes, y en Anzoátegui se contabilizan en promedio 70 muertes violentas por mes”.
El parlamentario considera que no es suficiente la degradación y expulsión de los culpables. “Se debe llegar hasta el fondo, desde los que dieron las órdenes de cometer estos delitos hasta quienes las ejecutaron. El artículo 25 de la Carta magna establece que es nulo todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los deberes garantizados por esta Constitución, y los funcionarios que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que les sirva de excusa órdenes superiores”.
Exhortó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y al alto mando militar a abrir una averiguación, ya que no se trata de hechos aislados. “Cada vez es mayor la participación de militares en delitos, lo cual pone de manifiesto una falla estructural en la política de la institución castrense, que ha facilitado la ideologización y el relajamiento de la disciplina militar. Lavarse las manos es eludir el fondo del problema”.
Considera que esta es una de las causas de la penetración del crimen organizado en las Fanb. “Estudios muy serios revelan que en nuestro país cada día es detenido un militar por cometer delitos. La Guardia Nacional Bolivariana figura como la institución más comprometida en ilícitos. Son decenas los casos de aprehendidos por homicidios, extorsión, tráfico de drogas, hurto y robo genérico, sin contar los que no son apresados”.