“Decreto Franco Macri” llamaron este jueves varios líderes de oposición en Argentina a la norma firmada por el presidente Mauricio Macri que incorpora a familiares de funcionarios públicos a una amnistía fiscal, la cual beneficiaría a su padre, un poderoso empresario señalado de tener empresas offshore, reseñó AFP.
Justo el día que el mandatario calificó con “un 8” sobre 10 su gestión, a una semana de cumplir su primer año en el gobierno, todo el arco opositor desde la izquierda hasta la de centroderecha, criticó el decreto publicado el miércoles en el boletín oficial y amenazó con denunciarlo ante la justicia.
Este decreto “está vinculado a su padre”, el empresario Franco Macri, y de esta manera el presidente “se amnistía él”, dijo Felipe Solá, diputado por el opositor Frente Renovador (peronista centroderecha).
“Vamos a impugnar judicialmente y propondré una comisión bicameral que revise absolutamente el origen de la plata de todas las familias de los funcionarios”, anticipó el diputado.
“El gobierno se llena la boca hablando de corrupción ¿y ahora hace esto? El presidente es hijo de un multimillonario”, lanzó Solá lamentando “la falta de decoro” en este decreto suscrito por el mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.
La exclusión de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales había sido una condición exigida por el Frente Renovador e incluso por parte de la coalición de gobierno Cambiemos (derecha y socialdemócratas) para votar a favor en el Congreso.
“Es un decreto impúdico”, sentenció Alberto Fernández, dirigente del FR y exjefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007).
Franco Macri aparece como dueño de empresas offshore familiares radicadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá. El presidente Macri figura como directivo de una de estas firmas offshore, investigada por la justicia luego de las revelaciones de los Panama Papers a principios de año.
Error
La ley vigente, aprobada hace cinco meses, dispone la exclusión del llamado “sinceramiento fiscal” de funcionarios nacionales, provinciales o municipales en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y aquéllos que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.
Esa prohibición se extendía a cónyuges, padres e hijos menores emancipados, los que ahora quedaron incorporados al blanqueo por el decreto presidencial.
“Esto es un error político”, agregó Alberto Fernández, que fue cercano de Néstor Kirchner pero luego adversario político de Cristina Kirchner (2007-2015).
Esta nueva tormenta política menoscaba la promesa del gobierno de Macri de luchar por mayor transparencia en una sociedad históricamente desconfiada de sus instituciones y donde prevalece una naturalización de la corrupción administrativa, luego de sonados escándalos durante sucesivos gobiernos de distintas orientaciones políticas.
“Me parece un mecanismo maravilloso para blanquear dinero de la corrupción”, agregó Fernández tras considerar que es un decreto “pensado para funcionarios del presente, no del pasado”.
El jefe del bloque Frente para la Victoria en diputados (peronista centro izquierda), Héctor Recalde, calificó el decreto de amnistía fiscal para familiares de funcionados, sumado a las decisiones en materia de económica, como “una locura institucional”.
Recalde también apuntó a que la medida busca beneficiar directamente al padre del presidente.
“Se presenta Franco Macri y ¿cómo prueba cómo hizo la plata? Tienen como 30 offshore. No son solo Fleg Trading y Kagemusha”, dijo el diputado a la radio FutuRock en referencia a las dos empresas del clan Macri destapadas en la investigación Panama Papers.
La polémica ocurre en momentos de marchas casi a diario de sectores golpeados por despidos, suspensiones en el marco de la recesión.
Argentina cerrará el año con una inflación que ronda 45% anual, luego de una devaluación de la moneda de 30% en diciembre pasado, que derrumbó el consumo.
Desde el lanzamiento en agosto del plan oficial de blanqueo, argentinos que tenían divisas ocultas del fisco y fuera del sistema financiero declararon casi 7.000 millones de dólares, sin obligación de repatriarlos.
También se declararon unos 20.000 millones de dólares en tenencia de activos, propiedades y otros bienes, según un informe oficial.