Retirar del mercado los billetes de 100 bolívares, ordenado por Nicolás Maduro, se ha convertido en un gran negociado para algunos funcionarios de organismos de seguridad del estado, quienes no solo han exigido pagos a personas que tienen dinero, a otros se lo han retenido, como el caso de agricultores de Delicias, donde hay entidades bancarias con poca capacidad operativa y se han visto obligados a salir a Rubio y a San Cristóbal para llevar a sus bancos el circulante de 100 bolívares, pero en el camino les han decomisado el dinero, o se lo han retenido y a otros prácticamente los han asaltado.
Nota de Prensa
Esta denuncia la hizo Walter Márquez, parlamentario nacional jubilado, quien indicó que “esta gravísima situación está afectando los derechos económicos y sociales de los productores agropecuarios de la zona fronteriza de Delicias en el municipio Rafael Urdaneta, ubicado en la frontera venezolana con Colombia por el Norte de Santander, y especialmente agricultores que tenían dinero para comprar productos en Colombia o también con el que comercializaban hortalizas, flores, frutas de esa zona rural.
Esa situación –especificó- fue reportada por algunos concejales de Delicias y por gente afectada que incluso posee copias de actas de retención de dinero, con el pretexto de que era ilegal, que estaban lavando capitales, cuando es dinero fue trabajado legalmente pero cuyo volumen es normal en un proceso de alta devaluación como el que se vive en Venezuela.
Indicó igualmente que situación similar se presenta en San Antonio y Ureña de gente proveniente de Colombia, comerciantes que lícitamente tenían su dinero y han tenido que pagar peaje para pasarlo, o a otros sencillamente se lo han retenido. En Boca de Grita, frente a Puerto Santander, en la frontera colombo venezolana, también han retenido dinero y han tenido que pagar comisiones a funcionarios de organismos de seguridad del estado para que no les retengan el dinero, mientras que otros han pagado custodia de la Guardia Nacional para trasladar sus capitales a territorio venezolano.
Cierre inconsulto de frontera
Destacó Márquez que la mayoría de comerciantes y ciudadanos que tienen dinero venezolano en Puerto Santander y en Cúcuta, territorio colombiano, han tenido que elevar sus quejas ante la cancillería del vecino país para que se le respeten sus derechos económicos, Según declaraciones de la Canciller María Ángela Holguín, ese cierre de frontera por 72 horas se hizo de manera unilateral e inconsulta con el vecino país, y el alcalde Cúcuta, César Omar Rojas, exigió respeto para los derechos económicos de los comerciantes colombianos que poseen billetes de 100 Bolívares producto del intercambio comercial fronterizo.
Indudablemente –manifestó Walter Márquez- que con la reapertura de la frontera a partir de agosto de este año hasta diciembre, muchísima gente fue a comprar productos de primera necesidad, insumos agrícolas, medicinas, repuestos en el vecino país y una gran cantidad de capitales de Venezuela fueron intercambiados en Colombia, por lo que la acción del gobierno de Maduro de impedir el retorno de esos capitales representa en la práctica una confiscación, porque de acuerdo al artículo 318 de la Constitución de la República, el bolívar tiene un valor interno y un valor externo, y fue dinero de libre circulación en la frontera producto del intercambio comercial y el flujo de personas al vecino país. Igualmente se violó el proceso de integración garantizado en el artículo 153 de nuestra constitución.
En otras palabras, la decisión del presidente Maduro de recoger los billetes de 100 bolívares se ha convertido en un gran negocio para los organismos de seguridad del estado, en un asalto al patrimonio de los venezolanos, y en una anarquía, porque la gente tiene que entregar el dinero y ahora no cuenta ni siquiera para los gastos básicos, expresó Walter Márquez.