El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, ante una eventual censura parlamentaria de uno de sus ministros –quizás el más popular entre la población- ha salido rápidamente ante los medios de comunicación haciendo evidente un viraje de su reciente discurso provocador ante la necesidad de contar con un acercamiento a la fuerza partidaria, sin duda, más cohesionada e importante del país frente a la amenaza de una sanción política.
Claro está que los actos del Gobierno pueden –y deben- ser objeto de un control parlamentario que es de carácter político pero también es subjetivo habida cuenta que no existe un canon objetivo y predeterminado de valoración; de manera que la actividad del Poder Legislativo puede ser –en materia de control- tanto preventivo y funcional como represivo.
La interpelación ministerial, la moción de censura y la cuestión de confianza son las formas lícitas que los parlamentarios ejercen su función de control, fiscalización y dirección política; pero también requiere de legitimación ante la opinión pública, la ciudadanía para ella pueda ser aceptada sin vacilaciones.
Pero la legitimidad del ejercicio del poder y la justificación de la autoridad para hacer cumplir las normas o de valorar los actos de gobierno debe emanar del prestigio político de quienes la ejercen. Si la ciudadanía acata las decisiones debe ser porque existe el convencimiento de que ellas son dadas con el fin de favorecerlos y no por intereses personales de los gobernantes o de determinados grupos partidarios u otros beneficios subalternos.
Si la decisión es advertida en provecho de un bien común, entonces, el poder político puede ser ejercido con el monopolio, incluso, de la fuerza; pero cuando se percibe que aquella determinación es abusiva pierde legitimidad ante los ojos del ciudadano.
Uno de los mayores errores de las actividades parlamentarias en las Democracias es creer que legitimidad es lo mismo que licitud. Así, la licitud no es resultado inmediato de la legitimidad del poder, sino que requiere de la integridad de ejercicio del mismo para la consecución efectiva del bien común.
Dicho de otra manera la legitimidad es la conciencia de que la autoridad ejerce el poder de modo ético y que ella se sustente en la comprobación que se ha asumido sus funciones de acuerdo a las normas legales vigentes y no en la presunta arbitrariedad de una atribución que otorga la mayoría parlamentaria.