Cuando los pandilleros le incendiaron su casa, la hondureña Carla Boquín tuvo claro que si no quería que sus cinco hijos corrieran la misma suerte que otros familiares suyos, asesinados por estos grupos delictivos, tenía que abandonar el país, reseñó EFE.
No le faltaba razón. Los autores del siniestro de su domicilio le dijeron que su objetivo era “matar a todos” los miembros de su familia. Además de los cinco que ya habían asesinado.
“El 22 de noviembre me entregué con los niños a la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, y en el albergue me sentí tan segura con mis niños que de ahí no me quería ir”, señaló a Efe la mujer, de 30 años y cuyos hijos tienen edades entre 1 y 12 años.
Ahora, desde Los Ángeles (EEUU) y con ayuda de abogados locales, espera ver aprobada su solicitud de asilo en Estados Unidos, por razones de “miedo creíble”, aunque en esta ciudad aún se encuentra temerosa por las filiales de los grupos pandilleros centroamericanos.
“Desde 2007 me han matado tres hermanos, una hermana está desaparecida que de seguro ya está muerta, mataron a mi papá también y ahora nos quemaron la casa”, relató Boquín, originaria de San Pedro Sula.
“Mi mamá resultó quemada de una pierna en el incendio, es diabética, y por no poder caminar no se vino con nosotros y tengo miedo de que me la vayan a matar”, alcanzó a explicar antes de romper en llanto.
Una vez en suelo estadounidense, Boquín y sus cinco hijos fueron reclamados por un primo en California ante las autoridades de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Yanci Montes, abogada de la organización El Rescate, la cual defiende el caso de la hondureña, dijo a Efe que “todas las personas que han sido amenazadas o son víctimas de grupos criminales” y emigran a EEUU “son elegibles para asilo”.
“La familia Boquín calificaría por ser miembros de un grupo social particular, que son personas víctimas de grupos criminales”, precisó.
Leoncio Velásquez, presidente de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA), pidió a las “muchísimas personas” que emigran del triángulo norte centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) no dudar en solicitar ayuda a las organizaciones comunitarias.
“Así como tomaron el riesgo en viajar grandes distancias debemos de perder el miedo de buscar un abogado gratuito para realizar los trámites de asilo”, aconsejó.
La misma opinión tiene Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, y quien criticó a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador por no solucionar la violencia que sufre la población a manos de pandillas y narcotraficantes.
“Si la nación de origen es un infierno, pues la gente seguirá embarcándose a EEUU Y mientras dure esa situación nadie querrá regresar a ese infierno”, advirtió.
Precisamente, el pasado jueves el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), dio a conocer que en los dos primeros meses del presente año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, 93.405 indocumentados fueron detenidos al intentar cruzar la frontera.
De ese total, 14.128 correspondían a menores sin la compañía de un adulto y 28.691 formaban parte de unidades familiares.
En el caso de los menores de edad, estas cifras suponen un aumento del 34 % en relación al año fiscal pasado pero, sobre todo, del 60 % respecto al de 2014, cuando la Administración del presidente Barack Obama reconoció que tenía dificultades para atender la “crisis humanitaria” que supuso la avalancha de centroamericanos.
Algunos activistas estiman que el miedo a lo que pueda suponer la llegada del presidente electo, Donald Trump, a la Casa Blanca estaría empujando a los indocumentados a cruzar la peligrosa zona fronteriza, incluso a los padres que envían a sus hijos, todavía menores de edad.
“No debe sorprendernos que estos niños sigan viniendo en números sin precedentes”, lamentó recientemente la presidenta de la organización humanitaria Kids In Need of Defense (KIND), Wendy Young, tras precisar que El Salvador, Guatemala y Honduras tienen respectivamente la primera, segunda y cuarta tasa de homicidios más grande del mundo.