Me formulo esta pregunta ante la insólita información que recoge la prensa proveniente de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el desacato de las órdenes de excarcelación dictadas por los tribunales por parte del SEBIN.
El nivel alcanzado por Venezuela en esa materia es la de ‘estado forajido’. El orden constitucional establece como principio el derecho a ser juzgado en libertad, siendo en consecuencia la detención preventiva cualesquiera que sean los fundamentos en que esté basada, norma de excepción y por lo tanto su aplicación en el curso de un proceso necesariamente excepcional.
Sin embargo, particularmente a partir de la toma de posesión de Nicolás Maduro el enjuiciamiento bajo ‘privativa de libertad’ se ha convertido en la regla general y se practica sistemáticamente contra personas que realizan acciones de carácter político, mientras que actos de carácter delincuencial cuentan con la tolerancia de los mismos organismos que se muestran diligentes frente a los actores políticos. Es, desde luego, la politización de la justicia.
El que se haya acentuado en esta etapa no significa que no se desarrollara con saña mientras ejerció la presidencia Hugo Chávez, quien fue actor fundamentalísimo en la politización de la justicia, para lo cual basta con mencionar el caso de la juez Afiuni. El desbordamiento con el usurpador obedece a su pobre capacidad de liderazgo que no le deja otro curso de acción que el atropello. La resolución sobre el uso de las armas contra las manifestaciones es el equivalente a lo que fue el caso de la juez.
Hoy, lo que denuncian los organismos ya mencionados no es sino el desbordamiento de la arbitrariedad que se practica a todos los niveles de la administración desde el presidente hasta el último policía del más pequeño pueblo.
El presidente es, aun en Miraflores, prisionero del SEBIN. Si no le permite esa discrecionalidad para desacatar la orden de excarcelación de un juez, pierde el sustento. El SEBIN a su vez se ve a sí mismo como la Seguridad Nacional perezjimenista, si acatan la ley se desploman, quizá temen ser linchados. No pueden cejar en su accionar canallesco. Tampoco el usurpador ni los altos mandos militares que se siguen proclamando chavistas, ni siquiera ‘maduristas’. ¿Quién es el prisionero y de quién?
Caracas, 27 de diciembre de 2016