Conrado Pérez Linares, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Trujillo, presidente de la Sub Comisión de Contraloría Municipal y Secretario General de Primero Justicia en la entidad andina, aseguró que, en este nuevo año de gestión que comienza el Poder Legislativo, no cederán ante el “chantaje de los corruptos”.
Nota de prensa
El parlamentario fue enfático al declarar que los 112 diputados electos legalmente harán valer su representación popular al instalarse hoy 5 de diciembre, “hoy vamos a elegir como presidente del Parlamento Nacional al líder Julio Borges, acompañado en la vicepresidencia de dos representantes de las generaciones políticas emergentes en el país: Freddy Guevara en la primera vicepresidencia y Dennis Fernández en la segunda vicepresidencia; en representación no sólo de la juventud sino de las mujeres venezolanas”, dijo.
El presidente de la Sub Comisión de Contraloría Municipal del Parlamento aseveró que el Gobierno no podrá silenciar la voz de la AN, “aunque quieran, el Gobierno no podrá callarnos, porque los venezolanos deben saber que lo que pretenden los corruptos es evitar que la Asamblea Nacional los investigue, los desenmascare ante el pueblo y los lleve a la justicia para que paguen en la cárcel el producto de sus pillerías; lo que no perdonan los corruptos a la AN es que se haya iniciado un juicio político al ex ministro Rafael Ramírez que ha permitido desnudar ante la opinión pública los miles de delitos cometidos contra la estatal petrolera PDVSA. Desde la Asamblea Nacional hemos demostrado cómo los corruptos estafaron a la nación más de 300 mil millones de dólares, convirtiendo a un país potencia en exportación petrolera en el de mayor inflación y uno de los de mayor pobreza en el mundo”, sentenció.
Desacato y crisis
A propósito de la declaratoria de desacato, emanada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el diputado explicó que la AN es un poder legítimamente constituido emanado de la voluntad originaria de sus electores y no existe ningún poder político a nivel nacional de mayor representatividad, por lo cual, Pérez Linares estima que la misma es “solo una excusa del Gobierno ante la negativa de pronunciarse respecto del caso de los diputados de Amazonas. Ellos han nombrado magistrados de forma inconstitucional para frenar toda iniciativa dirigida a corregir el desastre económico y moral en el que se ha convertido al país gracias al Psuv, por tanto, dichos magistrados han aprobado sentencias como la que exime a los funcionarios públicos de presentarse a interpelación en la AN sin previa autorización del Presidente o jefe inmediato, esto con la idea de bloquear cualquier investigación sobre corrupción. Pretender que la Asamblea Nacional juzgue a los diputados, los desincorpore, le niegue al pueblo de Amazonas el derecho a tener representantes legítimamente electos, sería avalar la corrupción de este Gobierno”, apuntó.
El diputado indicó que la única salida frente a la grave crisis del país, en todos los ámbitos, es que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo sostenida con la oposición y el Vaticano, “la salida es que el Gobierno cumpla con esos acuerdos, que permita la apertura de un corredor humanitario para paliar la situación crítica de comida y medicinas; que convoque a elecciones parlamentarias en Amazonas de inmediato para que se restablezca la institucionalidad, entre otras cosas imperativas para solventar, en gran medida, esta situación penosa que vivimos a diario. Aunque desde el primer momento manifesté que con corruptos y narcotraficantes no se puede dialogar ni obtener resultados concretos, todos confiamos en la mediación del Vaticano para ayudar en este sentido”.
Finalmente, Pérez Linares señaló que no descansará en sus investigaciones para hacer justicia en todo lo referente a los 22 casos de corrupción del estado Trujillo que ha llevado ante la Comisión de Contraloría, entre los que se encuentra el caso de la construcción de varias plantas de etanol en la entidad, con la participación de la empresa brasileña Odebrecht, “la cual, gracias a la confesión de su presidente, ha puesto en evidencia que más de 80 millones de dólares fueron destinados para sobornar a funcionarios de nuestro país y estafar, de esta forma, a los trujillanos y a todos los venezolanos”.