Al comenzar el año, parecía que el 2016 tendría una activa agenda electoral. Por disposición constitucional a fines del año debían realizarse los comicios regionales conducentes a la elección de los gobernadores de todos los estados del país, así como de los integrantes de los Consejos Legislativos Estadales. Igualmente, distintos actores políticos opositores al gobierno, motivados por lo que percibían como una aguda crisis política, económica y social, comenzaron a debatir y proponer mecanismos para remover al Presidente Maduro de su cargo. A finales de febrero fueron presentadas formalmente por la alianza opositora MUD cuatro propuestas concretas: presionar por la renuncia del Presidente; aprobar una enmienda constitucional para acortar el período presidencial a cuatro años; decretar desde la Asamblea Nacional el abandono del cargo por parte del Presidente Maduro por no cumplir con sus funciones; y, por último, promover la realización de un referendo revocatorio contemplado en el artículo 72 de la Constitución.
Por ser el referendo una propuesta constitucional, pacífica, democrática y electoral, fue prontamente ganando mayores apoyos en distintos sectores de la sociedad, concentrándose en él los mayores esfuerzos. A principios de marzo, la MUD solicitó al CNE que respondiera al requerimiento planteado, comenzando con ello un largo calvario. Luego de varios intentos, la segunda semana de abril, el CNE le respondió a la MUD que debía acogerse a la normativa vigente para que su solicitud fuese procesada y a fines de ese mes, por fin, el CNE entregó las planillas de recolección de firmas necesarias para iniciar el proceso que, de cumplir con las condiciones exigidas, podría implicar la realización este mismo año de dos elecciones más: el referendo revocatorio y, de lograrse un número suficiente de votos afirmativos, una nueva elección presidencial para reemplazar al revocado. De marzo a octubre todos los venezolanos fuimos testigos de cómo ese proceso estuvo lleno de obstáculos que parecían diseñados para introducir demoras y dificultades, mostrando reiteradamente un sesgo político favorable a la posición oficial, del Presidente y su gobierno, abiertamente contraria a la realización del referendo.
En el mes de octubre las expectativas electorales fueron abruptamente cerradas. Primero, el 18 el CNE anunció que las elecciones regionales no se realizarían este año, siendo que la constitución inequívocamente indica que el período de los gobernadores es de cuatro años y las últimas elecciones regionales se realizaron el diciembre de 2012. Esa posposición constituyó una extralimitación del CNE en sus atribuciones. Ciertamente es al Poder Electoral a quien compete fijar la fecha de las elecciones, pero eso debe hacerlo respetando estrictamente los períodos constitucionales de todo funcionario electo. De paso, cabe advertir, además, que el CNE ya se encuentra en mora con respecto a la convocatoria de estos comicios, suponiendo que se efectuarán en junio del 2017, según fue dicho por las autoridades.
En segundo lugar, dos días después de ese anuncio, el mismo Poder Electoral, decidió acatar medidas cautelares de tribunales penales, sin competencia electoral, y suspender, hasta nueva orden judicial, el proceso conducente al referendo revocatorio presidencial. Fue una decisión contraria a otra anterior del mismo CNE que validaba las firmas ahora cuestionadas y que, de esta manera, penalizó a todos los ciudadanos interesados en que la consulta refrendaria se llevara a cabo, siendo que los delitos denunciados, de haber existido, son solo imputables a las personas que los hubiesen cometido. Con esta decisión se vulneró el derecho constitucional a la participación.
A lo anterior se añade, la manera como el TSJ intervino en la designación de los rectores del CNE cuyo período de siete años vencía este mes de diciembre. Saltando el proceso constitucionalmente contemplado, la Sala Constitucional decidió ratificar a las rectoras Socorro Hernández y Tania D´Amelio en sus cargos, haciendo caso omiso a lo adelantado por la Asamblea Nacional y desconociendo la lista de postulados en consideración. Decisiones como esta, innegablemente ensombrecen las posibilidades de diálogo reclamado por importantes sectores de la sociedad, al reafirmar un CNE que para muchos no merece la confianza necesaria para adelantar comicios en condiciones equitativas y trasparentes.
En sistemas democráticos, las elecciones y el diálogo son medios para canalizar pacíficamente los desacuerdos. Es la forma de construir condiciones mínimas para la convivencia pacífica. Aunado a la aguda crisis global que vive el país, lo ocurrido este año en el ámbito electoral desafortunadamente nos alejan de ese rumbo deseado. La suspensión, hasta nuevo aviso, de cualquier vía electoral, suspende la democracia en el país.
Observatorio Venezolano de Elecciones
Caracas, 28 de diciembre de 2016