Rafael Narváez, abogado y defensor de Derechos Humanos (DDHH), hizo un llamado de alerta al recién nombrado vicepresidente Tareck El Aissami, a tomar acciones para frenar la violencia que envuelve el país por falta de políticas claras de seguridad ciudadana y por la poca efectividad que ha demostrado hasta el momento, el componente militar para combatir la delincuencia a nivel nacional.
Nota de prensa
Explicó que Tareck El Aissami, como criminólogo de profesión que es, debería poner sus conocimientos a fin de que se pueda enfrentar el delito en todas sus formas. “El puede hacer un esfuerzo para corregir este entuerto y hacerle ver al Presidente de la República que los militares ya cumplieron su vida útil y se devuelva la seguridad ciudadana al cuerpo civil como lo establece la ley”.
Advirtió que los 23 planes de seguridad “fracasados” deberían ser suficiente para que los militares regresen cuanto antes a sus cuarteles al considerar que no están preparados para afrontar una política criminal y mucho menos para prevenir y reprimir el delito, por lo que exhortó al Primer mandatario Nicolás Maduro a reflexionar sobre esta situación porque, “2016 cerró con la espantosa cifra de 28.000 homicidios, convirtiendo a Venezuela en una enorme funeraria en capilla ardiente”.
Exhortó al presidente Maduro a asumir como una política de Estado la indemnización de todos aquellos que han sido asesinados por el hampa. “Esto debe hacerse porque el Estado está en la obligación de aplicar el artículo 43 de la Constitución, que tiene que ver con que todos tenemos derecho a la vida y además, como un esfuerzo para reparar el daño en el camino hacia la justicia”.
En cuanto a las cifras que presentó Caracas en 2016, deploró que unos 127 funcionarios policiales y militares y alrededor de 147 mujeres fueran asesinados sin que hasta ahora las instituciones del Estado se pronuncien. “Caracas, sede de los poderes públicos, obtuvo el record de 5.741 muertes violentas. Es hora de que la seguridad ciudadana regrese a manos de los civiles porque los militares demostraron que son incapaces”.
Condena al Comando antigolpe
Narváez alertó que la creación de un comando antigolpe solo “enterró” todas las atribuciones del Ministerio Público, organismo que tiene el monopolio de la persecución del delito y la acusación penal. “No hay otra institución distinta al Ministerio Público que pueda acusar de un delito ante los tribunales y ahora, este comando antigolpe pretende atribuirse sus funciones y para colmo, está conformado por los entes que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la cual descuidan aún más. La doctora Luisa Ortega Díaz tiene que aparecer y recuperar sus atribuciones”.