La puesta en marcha del denominado Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todo el territorio de Venezuela, constituye una maniobra regulada por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que tenía que haber contado con un Decreto Presidencial de Movilización Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, según advierte Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Nota de prensa
La ausencia de un decreto, impide a los ciudadanos conocer el alcance de este ejercicio de acción integral y por ende de la movilización, tomar previsiones y determinar sus obligaciones y derechos. También les impide a los trabajadores que prestan servicios públicos o se encuentran adscritos a las empresas básicas, conocer el alcance del régimen militar que eventualmente les sea impuesto.
Ante esta situación, Control Ciudadano quiere ser reiterativo en afirmar el derecho que tienen los ciudadanos a no ser obligados a prestar, cualquier forma o modalidad de servicio militar, ni siquiera de manera temporal, de acuerdo a las garantías que establece el artículo 134 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, no puede pasarse por alto, que el Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200, ha venido siendo presentado por los mandos militares de la Fuerza Armada Nacional, con un peligroso sesgo de discriminación por motivos políticos, que refiere a una parte de la población como “quinta columna”, con lo cual declara abiertamente la existencia de enemigos internos y la disposición de recurrir a los medios militares en su contra, lo cual se encuentra prohibido por la Constitución.
Finalmente, llama la atención de Control Ciudadano la reiterativa fórmula de advertencia empleada por el Presidente de la República Nicolás Maduro y el Ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, de que la Nación se está preparando para una “guerra popular prolongada, ante una posible amenaza de ocupación militar extranjera”. Control Ciudadano hace responsable en ese sentido al gobierno nacional, de la omisión en la adopción de medidas de aplicación nacional desde tiempo de paz, que permitan dar cumplimiento a los tratados de derecho internacional humanitario suscritos por la República, en materia de protección de víctimas, regulación o prohibición de métodos y medios de combate, protección de bienes culturales y protección del ambiente en caso de conflicto armado.